Un informe de Save The Children en el que se analiza el estado de la diversidad en la escuela concertada de la Comunitat Valenciana concluye que este tipo de centros educativos potencia la “segregación escolar”, ya que separa al alumnado con más recursos económicos de los más vulnerables en términos económicos. Así se desvela en el estudio “Por una escuela concertada inclusiva”, que ha sido elaborado por la organización no gubernamental infantil.
La educación concertada cuenta desde hace décadas con unas cifras “estables de matriculación”; mientras que a escala nacional esta se sitúa en que el 30 % de estas se realiza en una institución educativa concertada, en la Comunitat Valenciana el 27,1 % del alumnado cursa sus estudios de Primera en un centro de este tipo y también el 28,3 % de quien estudia la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
De hecho, y según se muestra en el informe, España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que mayores diferencias se observan en cuanto al perfil socioeconómico del estudiantado de la escuela concertada frente a la pública: un 21 % de la segregación escolar a nivel nacional está detrás de esta causa. “Este mismo porcentaje raramente llega al 10% en otros sistemas educativos y, en Países Bajos y Reino Unido, ambos con una presencia mayoritaria de escuela concertada, es prácticamente cero”, explican desde la entidad.
A esto se suman los criterios de admisión elegidos por las escuelas concertadas, que dificultan todavía más que las familias más vulnerables accedan a esta. En la Comunitat Valenciana desde el curso 2024-25 existe un punto discrecional que pueden otorgar estos centros para seleccionar al alumnado. “Los criterios elegidos para este punto discrecional, al igual que el distrito único, podrían suponer elementos segregadores si no se toman las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. Que las escuelas sean espacios diversos es bueno para el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas”, señala Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.
Otro aspecto que destaca el informe es la diferencia de alumnado de origen migrate entre un tipo de escuela y otro. Por un lado, un 18 % del estudiantado de los colegios públicos de toda España son de origen migrante; un porcentaje que se reduce hasta el 10 % si hablamos de los centros concertados. En esa misma línea, el documento alerta que “la brecha es especialmente importante en la Comunitat Valenciana”, ya que esta es la cuarta autonomía con una mayor diferencia de alumnado de origen migrante en la escuela pública frente a la concertada: un 15,8 % de los niños y niñas matriculados en la escuela pública son de origen migrante, mientras que en la escuela concertada solo el 6 % lo es.
El estudio de Save the Children pone el foco también en las cuotas que paga el alumnado por estudiar en una institución concertada y que, en algunos casos “pueden llegar a ser inasumibles por muchas familias”. Esto haría, según Hernández, que este tipo de centros “dejaran ser una opción viable para muchos padres y madres al no poder permitirse estos desembolsos”. En concreto, el informe de Save the Children calcula que las cuotas ascienden, de media, a 68 euros en Primaria y 57 euros en Secundaria. Además, desde la organización apuntan a otros gastos escolares como uniformes o servicios complementarios como el comedor, el transporte o las salidas “cuyos precios generalmente son más elevados que en las escuelas públicas comparables”.
Cuotas que desde FAMPA describen como “ilegales”
En esa misma línea se pronuncia Rubén Pacheco, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de la provincia de Valencia (FAMPA-Valencia) quien declara que, por ejemplo, el aumento de las plazas de educación de 0 a 3 años en la educación cortada “provoca una falta de equidad y de justicia social y generan una segregación que está más que avalada por infinidad de informes tanto aquí en la Comunitat Valenciana como en cualquier entorno”.
Respecto al pago de cuotas, Pacheco las tilda como “ilegales”. “El concertado debería ser 100 % gratuito porque es 100 % público, el hecho de que estén cobrando unas cantidades mensuales y que todos los asumamos como algo normal es un defecto del sistema y nadie lo denuncia porque teme represalias del centro”. Es por ello que desde FAMPA recuerdan que “no se debería de abonar un céntimo ni siquiera en concepto de matrícula”.