La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se ha reunido en Mesa Sectorial de Sanidad, el órgano de representación de los profesionales, donde se ha aprobado el proyecto de decreto para ocupar plazas de difícil cobertura y regular las alianzas estratégicas con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical y la abstención de CEMS-SAE.
El texto acordado contempla distintos tipos de medidas para tratar de dotar de personal las vacantes que resultan difíciles de cubrir: incentivos económicos, de desarrollo profesional y formativos; así como el desplazamiento voluntario de trabajadores a departamentos o centros de trabajo que precisen refuerzos en el marco de las alianzas estratégicas que se establezcan, tanto en horario ordinario como en guardias.
En virtud de la nueva norma, la prestación de servicios en las plazas de difícil cobertura tendrá un incentivo de 5.000 euros anuales para el personal Facultativo (grupo A1 en general); 3.250 euros anuales para Enfermería y resto de profesionales del grupo A2; 2.000 euros anuales para el grupo C1; 1.500 euros anuales para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)s y otros profesionales de la categoría C2 y 1.000 euros anuales para otras agrupaciones profesionales.
A nivel de beneficios profesionales, cubrir una plaza de difícil cobertura reducirá el tiempo de permanencia necesario en cada grado para progresar en la carrera profesional; dará ventajas de puntuación en los concursos y oposiciones, así como prioridad en la participación de actividades formativas y de investigación.
Además, la persona que ocupe una plaza de difícil cobertura, si quiere, podrá alargar su vida laboral al final de su trayectoria profesional. Llegada la edad de jubilación, los servicios prestados en plazas declaradas como de difícil cobertura facilitarán la prolongación del servicio activo de forma voluntaria.
Además, en el caso de los y las residentes, podrán inscribirse en las listas de reserva de la bolsa de empleo tres meses antes de finalizar su programa formativo, siempre y cuando su Unidad Docente los evalúe positivamente y no haya personas inscritas disponibles en la categoría/especialidad a la que opten.
Acuerdos para optimizar recursos, y guardias voluntarias
El proyecto de decreto también introduce el concepto de alianza estratégica entre dos o más departamentos de salud, instituciones sanitarias o centros de trabajo, una fórmula destinada a reforzar déficits de cobertura asistencial que facilita que los profesionales se desplacen para cubrir las demandas asistenciales y sigan al paciente, en lugar de que sea el paciente el que se tenga que desplazar.
Este recurso resultará subsidiario al de la declaración de plazas de difícil cobertura cuando, por razones organizativas, económicas o asistenciales no resulte posible su declaración o, una vez declaradas, no resulten todo lo efectivas que debería ser.
Estos acuerdos tendrán una duración de dos años, que se podrán acortar o ampliar según las necesidades, y también prevén una retribución adicional por cada hora de trabajo desempeñada por los trabajadores que voluntariamente se desplacen a un centro o departamento distinto al de origen. El incentivo económico se calculará en función del puesto de trabajo.
Medidas alineadas con el nuevo modelo de Atención Primaria
Esta serie de iniciativas buscan promover la colaboración profesional entre los departamentos y centros de salud, con el objetivo último de facilitar la cobertura de las necesidades asistenciales en áreas o especialidades con falta de profesionales, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria.
Además, el proyecto de decreto refuerza el nuevo modelo de Atención Primaria y Comunitaria definido por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para los ejercicios 2022 y 2023, dotado con 326 millones de euros y que se sustancia en más personal, más recursos, más tecnología y un nuevo modelo organizativo y asistencial.
En última instancia, la nueva norma beneficiará a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana porque reforzará la garantía de asistencia sanitaria por los profesionales requeridos en cada caso y apuntala la equidad del sistema al reforzar la oferta asistencial en todo el territorio independientemente del lugar de residencia.