El Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana sigue avanzando con el objetivo de "dignificar la justicia" y "acercar el derecho a la justicia a la ciudadanía". Así lo resaltaba ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, en su visita a Gandia, donde se visitaban las obras de construcción de la sede judicial de la capital de La Safor.
Este proyecto cuenta con un presupuesto global que supera los 300 millones de euros y supondrá, este 2023, una inversión de 44,2 millones de euros. Tal y como destaca la Generalitat Valenciana, con estas actuaciones previstas para el presente ejercicio, se habrá comenzado más del 70% de las obras de nueva construcción, así como el 100 % de las rehabilitaciones previstas en el plan.
Concretamente, en la actualidad, la Conselleria de Justicia tiene en marcha, entre otras actuaciones, la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante, con una inversión de 85,6 millones de euros; la rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con 25,5 millones de euros; así como los nuevos juzgados de Alzira, con 19,9 millones de euros; de Llíria, con 17,5 millones de euros; y Vinaròs con 1,4 millones de euros. Además, en breve se presentarán los proyectos de las nuevas sedes judiciales de Sagunt y Ontinyent mientras se avanza en los proyectos de Xàtiva, Orihuela, Dénia y Villena.
398 órganos judiciales
La población de la Comunitat Valenciana (alrededor de 5 millones de personas) está atendida por un total de 398 órganos judiciales, a los que hay que añadir fiscalías, institutos de medicina legal, servicios comunes... Un total de 530 unidades administrativas que se reparten en 36 partidos judiciales: 13 en la provincia de Alicante (141 municipios); 5 en la provincia de Castelló (135 municipios); y 18 en la provincia de València (266 municipios).
Para dar soporte a toda esa actividad y ofrecer el correspondiente servicio público, la Comunitat Valenciana cuenta con una cifra total de 60 inmuebles destinados a uso judicial, que se encuentran inmersos en pleno proceso de cambio o adecuación gracias al Plan de Infraestructuras Judiciales.
De estas 60 instalaciones, 35 son propiedad de la Generalitat, 17 son utilizadas en régimen de arrendamiento y 8 se destinan a uso judicial cedidas por otras instituciones públicas, en su mayoría, ayuntamientos.