El nuevo Decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la Comunitat Valenciana ha dejado satisfechos, en una primera instancia, a los y las jóvenes. Desde el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) celebran algunos avances significativos, y también plantean ajustes adicionales para que la normativa cumpla verdaderamente con las necesidades de este sector de la población. Desde la presidencia del CVJ, Àlvar López de Medina incide en que uno de los puntos más destacados del decreto es la obligación de reservar el 40% de las viviendas protegidas a personas menores de 35 años, tanto en promociones públicas como privadas, una reivindicación que ha sido central para el colectivo.
“Creemos que es un acierto que la cláusula de reserva del 40% para jóvenes pase de ser preferente a obligatoria y que se aplique también a las promociones privadas. Es un paso adelante para que la VPP llegue realmente a la juventud”, afirma López de Medina. Sin embargo, a pesar de este avance, desde el CVJ defienden que el límite de edad para considerar a una persona como "joven" debería ser el que estipula la ley, 30 años, y no de 35, como establece el nuevo decreto.
Otro aspecto positivo que se destaca desde el CVJ es el incremento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que, según señala, es crucial para que más jóvenes puedan acceder a estas viviendas protegidas. "Si no se actualizaba el IPREM, muchos jóvenes se habrían quedado sin poder adquisitivo suficiente para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o de compra", subraya López de Medina. Esto, según el Consell Valencià de la Joventut, habría afectado de manera significativa a los y las jóvenes que buscan emanciparse y formar su propio hogar.
Plan específico de vivienda joven
Pese a los avances reconocidos, el Consell Valencià de la Joventut también ha hecho hincapié en algunas carencias del nuevo decreto. Una de las principales preocupaciones es la “caducidad” de la condición de vivienda protegida tras un determinado número de años. Según López de Medina, permitir que las viviendas dejen de estar protegidas después de 15, 20 o 30 años es un error, ya que impide la consolidación de un parque público de vivienda que actúe como contrapeso frente al mercado privado. "Uno de los problemas que tenemos actualmente es que no existe un parque público de viviendas lo suficientemente fuerte como para equilibrar el mercado inmobiliario privado", explica.
En este sentido, el CVJ sigue reivindicando la creación de un plan específico de vivienda joven, una propuesta que López de Medina considera esencial para dar coherencia a las políticas públicas que se dirigen a este colectivo. Según él, es fundamental contar con un diagnóstico claro sobre la situación de la vivienda juvenil en la Comunitat Valenciana, que incluya medidas tanto a corto como a medio y largo plazo. “Necesitamos un plan que articule todas las políticas de vivienda dirigidas a los jóvenes, para que tengan coherencia y efectividad”, afirma, reconociendo que desde la Vicepresidencia “se empieza a tener en cuenta”.
El CVJ ha anunciado que seguirá analizando el decreto en detalle para asegurarse de que no se dejan fuera consideraciones importantes para la juventud. “Es necesario revisar todos los aspectos del decreto para garantizar que las medidas incluyan realmente a los y las jóvenes y respondan a sus necesidades específicas”, concluye López de Medina.
Nuevo decreto
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue el encargado de presentar oficialmente el nuevo Decreto de Viviendas de Protección Pública en la Comunitat Valenciana el pasado jueves. Durante el acto, Mazón destacó que esta nueva normativa busca abordar el desajuste existente en el mercado inmobiliario, donde entre 2015 y 2023 los precios de compra aumentaron un 49% y los de alquiler un 90%. Con este decreto, el gobierno autonómico pretende que la vivienda protegida sea una opción accesible para todos los valencianos, castellonenses y alicantinos, con un enfoque especial en los jóvenes.
Una de las medidas más destacadas es la creación de una categoría de "vivienda joven", destinada a personas menores de 35 años. Esta categoría contempla ajustes en los precios de alquiler y compra, con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda protegida. Además, se establece la obligación de que todas las promociones de vivienda protegida, tanto públicas como privadas, reserven un mínimo del 40% de sus unidades para personas menores de 35 años.
El decreto también incluye un aumento en el nivel máximo de renta para acceder a una vivienda protegida, especialmente para familias con personas dependientes, monoparentales o con miembros entre los 18 y 35 años. Esto permitirá que más familias puedan acceder a estas viviendas, adecuándose a sus circunstancias económicas y familiares.
Simplificación y dinamización del mercado inmobiliario
Otro de los pilares del decreto es la simplificación de los trámites administrativos para facilitar la construcción de nuevas viviendas protegidas. Mazón señaló que una mayor simplificación normativa, junto con la seguridad jurídica, incentivará a los promotores a construir más viviendas, reactivando así el mercado. Además, se ha diseñado un sistema pionero de fijación de precios máximos, denominado "módulo dinámico", que ajustará los precios de las viviendas protegidas en función de factores como los costes de construcción, la evolución de las rentas medias y la presión demográfica en cada municipio.
Este sistema, el primero de su tipo en España, permitirá que el precio de las viviendas protegidas se mantenga por debajo del mercado libre, haciéndolas más asequibles para los ciudadanos. Mazón aseguró que este módulo dinámico, que será actualizado anualmente, garantizará precios más bajos en municipios donde los costes de vida sean más accesibles, beneficiando así a un mayor número de personas.
El nuevo decreto forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas del gobierno valenciano para abordar la crisis de acceso a la vivienda en la región. Entre estas iniciativas se encuentra el Plan Vive, que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles, y la ampliación del Bono Alquiler Joven, que ha beneficiado a más de 5.600 jóvenes con una inversión de 31,9 millones de euros.