La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha destacado que la futura Ley valenciana de familias “supondrá para la Comunitat Valenciana poner en valor la diversidad familiar que existe ahora en nuestra sociedad, desde las familias monoparentales a las numerosas, las que tienen dos padres, dos madres o un padre y una madre”.
En este sentido, Aitana Mas ha señalado que se trata de “poner en igualdad de condiciones a todas estas familias, que buscan tener un encaje transversal en cuestiones de consumo, de educación, cultura, sanidad, etc”.
Mas ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell que hoy se ha celebrado en Crevillent, en el que se ha aprobado el anteproyecto de Ley Valenciana de diversidad familiar y apoyo a las familias que, ha señalado, se espera pueda ser aprobado por Les Corts como ley antes de que finalice la legislatura.
La vicepresidenta ha explicado que Consell quiere dar rango de ley al “reconocimiento de la diversidad familiar y la aplicación de políticas integrales de apoyo a las familias y a las personas que las compongan que se han venido haciendo estos años, como medio de mejora de su bienestar social, calidad de vida y acceso a los recursos existentes”.
Con ello se pretende “garantizar los derechos de todas las realidades familiares y la diversidad de familias y proporcionando el reconocimiento que merece la pluralidad y la diversidad familiar, como un espacio clave de socialización y convivencia”.
En este sentido, ha señalado que el anteproyecto aprobado hoy “reconoce la importancia de las familias en nuestra sociedad y la importancia que la ciudadanía pueda elegir el proyecto familiar deseado. Asimismo, impulsa políticas de redistribución de la riqueza en su dimensión más amplía, desde la económica a la relacionada con los usos del tiempo; reconoce los derechos de las familias e impulsa políticas de representatividad y codecisión en la política general de la Generalitat en materia familiar”.
El texto aprobado hoy se estructura en cuatro pilares fundamentales: el reconocimiento de la diversidad familiar; la protección a la maternidad y paternidad libre y responsable y el avance en la corresponsabilidad; la mejora del bienestar y calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad y la garantía de los derechos de las familias en el ámbito de la educación, la sanidad, la vivienda la cultura o el consumo.
Conciliación y corresponsabilidad
Entre los pilares fundamentales de esta norma, la vicepresidenta ha hecho especial hincapié en el impulso a medidas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional así como a la corresponsabilidad, que “continúa siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad, donde las mujeres continúan sosteniendo la mayor parte de las tareas de crianza y cuidados”.
“Vivimos unos tiempos en que todos y todas corremos para llegar a hacer todo lo que queremos hacer, para poder trabajar todas las horas que tenemos que trabajar y después conciliar con nuestros hijos e hijas. Con esta ley ponemos la atención precisamente en estos aspectos”, ha apuntado.
En ese sentido ha señalado que poder “dar incentivos a las empresas que tengan en consideración estas cuestiones o impulsar la jornada de 32 horas semanales recibiendo la misma remuneración son medidas que pueden favorecer que todos y todas podamos disfrutar como nos gustaría de nuestros hijos e hijas”.
Para combatir las dificultades para la lograr la conciliación profesional, personal y familiar el anteproyecto de ley aprobado hoy propone, además de la jornada de 32 horas, el impulso de campañas de sensibilización dirigidas a las empresas, a fin de que aplican medidas de conciliación.
En el ámbito de función pública propone, además, diversas medidas respecto a la jornada de trabajo y los permisos y el fomento acciones positivas para la implicación de hombres y mujeres en la corresponsabilidad familiar.
Otras medidas son la promoción, en colaboración con las entidades locales, de servicios de cuidado profesional de calidad de niñas, niños y adolescentes, la puesta en marcha y mantenimiento de centros cívicos con perspectiva sociocomunitaria, familiar, de solidaridad generacional y de género.
Asimismo, se recoge la garantía a las familias del acceso al sistema de prestaciones económicas para secundar económicamente la labor que la persona cuidadora desarrolla en el entorno familiar y conseguir la permanencia de las personas en situación de dependencia en su núcleo convivencial de origen.