Hace poco más de un año que España cuenta con una Ley por el Derecho a la Vivienda cuya concepción nació bajo el paraguas de regular los precios del alquiler para evitar los mercados tensionados, incrementar la oferta pública de vivienda a precios asequibles y facilitar que la población joven y los colectivos vulnerables pudieran acceder a una vivienda. Se trata de una norma que no fue bien recibida desde el sector inmobiliario, pero que, en el momento de su aprobación (mayo de 2023), fue vista con buenos ojos por gran parte de la ciudadanía.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en València hace balance de qué ha cambiado y qué ha mejorado en el mercado de la vivienda tras más de 14 meses en vigor. Una norma en la que desde la PAH aseguran que “aparecen avances como ser la primera ley en reconocer el derecho a la vivienda, recoge que la vivienda pública nunca pueda ser vendida, introduce la intermediación previa como requisito para aceptar las demandas en todos los casos de desahucio en viviendas habituales y plantea el control de precios en los alquileres de las zonas tensionadas”.
Sin embargo, José Luis González, portavoz de la entidad, apunta que, a pesar de los pasos adelante, la norma “no va a resolver los problemas de vivienda, porque no recoge la mayor parte de demandas imprescindibles”. Entre ellas, están la de “obligar a construir alquiler social y asequible a los grandes tenedores”, el acceso a créditos blandos para pagar pequeñas deudas de impago de alquileres e hipotecas a familias con menos recursos; y también reclaman el aumento de las ayudas al alquiler.
“Somos partidarios de que se obligue a la banca rescatada y a fondos buitre y Socimis a poner a disposición de las administraciones las viviendas vacías, para que se movilicen y salgan al mercado”, apunta González. Asimismo, desde la PAH critican que los avances que sí incluye esta ley “están en entredicho porque los gobiernos autonómicos conservadores, como el de la Comunitat Valenciana, se niegan a ponerlos en marcha”.
El sector inmobiliario alude a la bajada de la oferta de alquiler por la ley
Una de las principales bazas del sector inmobiliario para criticar esta legislación ha sido que su aplicación ha propiciado la reducción de aquellas viviendas que se ofrecen en alquiler. “La oferta de vivienda en alquiler en las zonas tensionadas prácticamente se ha eliminado, complicando aún más la posibilidad de acceder a una vivienda y, con ello, la independencia de los jóvenes y otros grupos de población vulnerables, que han quedado excluidos”, aseguraba Francec Quintana, CEO y fundador de la agencia inmobiliaria VIVENDEX. Según Quintana, esta situación ha desplazado gran parte de la oferta hacia alquileres temporales o más conocidos como vacacionales.
En la misma línea se pronuncia Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, quien asegura que “el contenido disponible en materia de alquiler se va reduciendo cada vez más como consecuencia de que crecen los propietarios que deciden quitar su inmueble del mercado”.
Por su parte, José Luis González, representante de la PAH, concreta que sí se ha producido una disminución de las casas para alquilar, pero esta ha sido provocada por la conversión de estas viviendas en apartamentos turísticos o en viviendas de alquiler compartido y alquiler por habitaciones.
“Esto no responde a la existencia de la ley, sino a un gigantesco proceso especulativo protagonizado por fondos de inversión y grandes inmobiliarias que optan por aumentar la rentabilidad del negocio de alquiler de viviendas turísticas hasta un posible diferencial del 351 % respecto de la rentabilidad del arrendamiento de vivienda regulado por la ley de arrendamientos urbanos", expone.
La solución pasa por crear más vivienda pública y asequible
Una de las medidas propuestas por la PAH es que, tal y como establece la ley, se considere a las grandes ciudades como València como zonas tensionadas para que así los gobiernos puedan controlar los precios de arrendar una vivienda mediante un tope. “Una medida totalmente necesaria, pero que, al parecer, no quiere ser aplicada por los gobiernos conservadores como el valenciano”, destaca el portavoz de esta organización.
Por otro lado, González sitúa la creación de nuevas viviendas de protección pública como un paso necesario para solucionar la emergencia habitacional vigente hoy en día. “Construir vivienda nueva y pública será necesario para satisfacer las demandas sociales”, detalla.
Para ello, el portavoz apunta a desprivatizar las viviendas de la SAREB y que estas pasen a gestión pública y ampliar el parque “a través de la compra, concurso y aplicación del derecho de tanteo”. Además, aboga por la construcción de vivienda social, aunque González apunta a que esto debe hacerse siguiendo una planificación que consiga “solucionar las necesidades a corto plazo de las personas”.