La despoblación se ha alzado como uno de los principales aliados de los incendios forestales, convirtiéndose en gasolina para unas llamas que han calcinado este año más de 30.000 hectáreas.
En este sentido, actuar frente a esta problemática que afecta a gran parte del interior de la Comunitat Valenciana podría ser clave dentro de la estrategia de prevención y protección de la masa forestal de cara a un futuro que, con unas condiciones climáticas cada vez más extremas, se mira con pesimismo.
Desde la Generalitat Valenciana se viene trabajando en los últimos meses en el anteproyecto de ley integral de medidas contra el despoblamiento, un texto que, tal y como reconoce la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, podría incluir alguna mejora en este sentido a la vista de la experiencia vivida con los últimos de incendios en Bejís (Castellón) y la Vall d'Ebo (Alicante).
"Evidentemente la ley está en el último trámite de su procedimiento en el Consell, pero lo revisaremos porque sí que consideramos que, después de la experiencia de este año, igual podemos mejorar alguna cuestión", afirmaba ayer la vicepresidenta tras el pleno extraordinario del Consell para acometer las actuaciones necesarias para paliar los graves incendios de este verano.
En esta línea, ha admitido que el anteproyecto ya ha tenido su procedimiento interno y sus informes "y no sé si hay algún margen de maniobra o ya le corresponderá al trámite parlamentario".
Se aprobará en septiembre
La Generalitat tiene previsto aprobar en septiembre el anteproyecto de ley integral de medidas contra el despoblamiento en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de "superar esta fractura enorme" y que no sea irreversible.
En concreto, la ley contra la despoblación coordinará las políticas del Consell e incluirá acciones específicas para garantizar la cobertura de prestaciones básicas, el acceso a servicios públicos fundamentales y la igualdad de oportunidades en todo el territorio.
Además, proporcionará instrumentos para luchar contra la despoblación, impulsará proyectos ya en marcha y adoptará medidas de discriminación positiva, así como otras para fomentar la igualdad y la lucha contra la brecha de género y para evitar la exclusión social y financiera.
Esta norma, asimismo, reforzará las capacidades administrativas en los municipios más pequeños, creará entornos que fortalezcan el tejido económico, la economía social y la diversificación de sectores tradicionales y emergentes y aprovechará las ventajas de la transición verde, la digitalización y la innovación tecnológica.
En general, se basará en la estrategia Avant 20-30, un plan estratégico realizado en colaboración con la cátedra Avant de las cinco universidades públicas valencianas que recoge más de 200 acciones de dimensión económica, social, cultural, medioambiental y de gobernanza política antidespoblación.