Tras el anuncio de la movilización de hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el Gobierno de España financiará la construcción de 43.000 viviendas destinadas, también, al alquiler a precios asequibles.
Así lo detallaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incidía en que se trata de unas viviendas que serán tanto de nueva construcción como de rehabilitación, financiadas a través de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 4.000 millones de euros procedentes de fondos europeos.
Estas 43.000 viviendas se sumarán a las 50.000 que ya ha anunciado que movilizará de la Sareb, sumando, en total, 93.000 viviendas, las cuales cumplirán con la eficiencia energética y serán de alquiler social o cesión de uso de al menos 50 años.
España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con más pisos vacíos y con uno de los porcentajes "más ínfimos y bochornosos" de parque público de viviendas, siendo de menos del 3%, frente a la media europea que asciende al 9%, y de otros países de la UE que llegan al 20%.
Quinto pilar del Estado de Bienestar
Sánchez justificaba la medida, que aumentará las viviendas en alquiler social, tras señalar que la subida de los precios del alquiler ha superado a los de la compra (45% frente al 11%), un dato que “habla de un problema y es que la vivienda no es un derecho tal y como está consagrado en la Constitución”.
"Vamos a hacer del acceso a la vivienda un derecho y no un problema porque no hay nada más constitucional que la nueva Ley de Vivienda, y convertiremos la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar", incidía, al tiempo que reprochaba al partido Popular que sus presidentes autonómicos estén amenazando con no cumplir la legislación donde gobiernan, advirtiendo que “la Ley de Vivienda se cumplirá en todos y cada uno de los territorios" del Estado.
Esto se debe, en su opinión a que se ha tratado la vivienda como una mercancía y no como un derecho para la mayoría. Por ello, ha expresado su "compromiso total y rotundo" en convertir a la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar junto con la Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones.