La Generalitat Valenciana prevé sacar al mercado cerca de 20.000 pisos vacíos gracias al nuevo decreto aprobado a principios de octubre por el pleno del Consell. Con esto, el gobierno valenciano forzará a los grandes tenedores de viviendas vacías a sacarlas al mercado en alquiler asequible o cederlas para uso público. Esta iniciativa, con el objetivo de fomentar alquileres a precios bajos, incluye sanciones de hasta 950.000 euros a los grandes tenedores en caso de no seguir las instrucciones del decreto.
Según la normativa, se considera como grandes tenedores a aquellas personas o empresas que tengan más de 10 viviendas en régimen de propiedad, alquiler o usufructo y nos las destinen al mercado de venta o alquiler. Cabe recordar que en el 2017, la Generalitat ya aprobó una ley para la función social de la vivienda que contemplaba la intervención de la administración sobre pisos vacíos. Sin embargo, ahora ha sido desde el departamento dirigido por Héctor Illueca, de Unidas Podemos, desde donde se ha tomado la iniciativa.
Así, el decreto busca aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles para garantizar su función social -un derecho constitucional- y lo hace presionando a los grandes propietarios a través de beneficios fiscales o cargas y sanciones. Los grandes tenedores tendrán la obligación legal de informar semestralmente de las viviendas vacías a su cargo, para que la Generalitat Valenciana las incorpore a un registro de viviendas vacías.
En el marco del plan para el fomento del alquiler, el Ejecutivo del Pacto del Botánico, la coalición de PSPV, Compromís y Unides Podem, activará en las próximas semanas los mecanismos de movilización de viviendas vacías en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada la pasada legislatura.
Por lo que respecta al precio del alquiler en la Comunitat Valenciana, son las capitales de provincia y destinos turísticos como Benidorm, Peñíscola o Dénia aquellas localidades en las que encontrar un piso a buen precio sigue siendo una odisea que no todo el mundo puede permitirse.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, valoraba hace una semana esta iniciativa aprobada por el Consell. “Es una de las normas más importantes para “garantizar la emancipación, que es el principio de los derechos, sobre todo para las personas jóvenes que no pueden hacerlo”. Además, añadía que en València, si los plazos se cumplen, en el 2022 habrá ya un recargo con el objetivo no de cobrar más impuestos, sino de que haya menos vivienda vacía en la ciudad y, por tanto, que bajen los precios del alquiler y muchas personas puedan acceder a tener una casa”.
406 empresas son grandes tenedores en València
La ciudad de València cuenta con un total de 406 empresas y organismos como grandes tenedores de vivienda, es decir, que tienen en su poder 10 o más viviendas registradas a su nombre en todo el término municipal, según informaba el martes el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán. Esta es la base de grandes tenedores a los que el Ayuntamiento de València podrá aplicar un recargo del 30% en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) si mantienen las viviendas vacías y no las incorporan al mercado del alquiler como exigirá la nueva Ley de Vivienda en la que está trabajando el Gobierno central.
El Estudio del Número de Viviendas por Tenedor en el que se ha basado el consistorio para realizar los cálculos establece que en la ciudad de València hay un total de 420.298 viviendas pero sólo 324.329 propietarios entre personas físicas y personas jurídicas. El 99,74% de estos propietarios (323.499) dispone de menos de 10 inmuebles mientras que el 0,26% restante (830) tiene en su poder más de 10 viviendas. El registro de vivienda vacía que está elaborando la Generalitat debe determinar ahora cuáles de estos grandes propietarios no han sacado al mercado del alquiler sus inmuebles y, por tanto, son susceptibles de que el consistorio les aplique el recargo del IBI.
El estudio realizado por el consistorio constata que de los 830 grandes tenedores existentes en la ciudad, 460 son personas físicas y 424 son personas jurídicas. Por lo que respecta a las personas jurídicas (que engloba a empresas, instituciones, organismos, etc.), el documento con el que trabaja el Ayuntamiento sostiene que hay 164 con entre 10 y 14 viviendas; 76 con entre 15 y 19; 119 con entre 20 y 49; 33 con entre 50 y 99; 26 con entre 100 y 299; y 6 con más de 300 repartidas por toda la ciudad.
Para los socialistas, según ha explicado Sanjuán, la prioridad es el acceso a la vivienda de los ciudadanos de València y no los privilegios de las grandes corporaciones, por lo que se están estableciendo medidas concretas para garantizar este derecho fundamental y penalizar a través del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a los grandes tenedores de viviendas que tengan inmuebles vacíos en cualquier barrio de la ciudad.