La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha presentado alegaciones en relación al deslinde de la playa de El Palmar. Se trata de un tramo de costa de aproximadamente 6.200 metros que se encuentra entre Dénia y Els Poblets. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha indicado que 250 viviendas del territorio se ven afectadas. “El Ministerio, en vez de proteger y regenerar estas zonas, lo que hace es cercenar los derechos de los vecinos que viven más cerca del mar”, ha establecido.
García Manzana ha detallado que la línea de deslinde propuesta “genera una gran conflictividad e indefensión a los titulares actuales de derechos, al incluir en dominio público marítimo terrestre un número importante de cerramientos de parcela, zonas comunes de algunas edificaciones e incluso algo más de una decena de edificaciones”.
Para el director general, una posible alternativa sería “ejecutar primero las obras de protección y regeneración del litoral previstas y, después, una vez evaluado el efecto en la costa, abordar el deslinde”.
Además, García Manzana ha detallado que la zona que actualmente se pretende deslindar ya fue deslindada conforme a la Ley de 1969. “El Ministerio no puede generar una indefensión jurídica de tal calibre modificando la línea de deslinde según le parezca, basándose en criterios arbitrarios”, ha explicado.
En esta línea, el director general ha subrayado que “no estamos hablando de chalés de nueva construcción; estamos hablando de casas que en su día se construyeron al amparo de la Ley de Costas que estaba en vigor. Estaban situadas por detrás de la línea marítimo-terrestre, y ahora el Ministerio opta por retranquear esa línea sin que la playa se haya movido un centímetro desde los años 50”.
De esta forma, la Generalitat presenta alegaciones a este deslinde en base a cuestiones como la inseguridad jurídica, ya que se genera incertidumbre y desconfianza en los propietarios. También afecta a la actividad económica de la zona, “puesto que cambiar los límites podría perjudicar a propietarios e inversores que han confiado en la situación actual”, ha matizado el director general.
Por otro lado, se ve vulnerado el principio de irretroactividad afectando a situaciones consolidadas, que no deberían verse alteradas. Además, se alegafalta de justificación por parte del Gobierno de España. “Sin una razón válida y documentada para la revisión, puede considerarse que es una medida arbitraria y desproporcionada”, ha añadido Marc García Manzana.
Por último, se atenta contra el derecho a la confianza legítima, es decir, “la ciudadanía ha tomado decisiones basadas en los deslindes existentes, por lo que alterarlos podría vulnerar su derecho a la confianza legítima en la actuación administrativa”, ha concluido el director general de Costas.