Tras más de un año de negociaciones, el pasado 15 de junio Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo, anunciaba un acuerdo entre su departamento y las principales organizaciones sindicales, UGT y CCOO, para dar luz verde al Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, más conocido como Estatuto del Becario. "Por fin tenemos acuerdos con sindicatos para ya no tener más falsos becarios y tener el estatuto que se merece nuestro país", declaró Díaz.
Precisamente, el principal objetivo de este documento es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena. Además, en el texto se establece un régimen sancionador con multas de hasta 225.000 a los incumplimientos de los derechos de los alumnos; las prácticas extracurriculares deberán estar remuneradas economicamente por las empresas o entidades públicas donde se desarrollan y estas se limitarán a 480 horas.
Empresas y universidades, en contra de la nueva normativa
A pesar de que muchas voces aseguraban que se trataba de una norma necesaria para regular y vigilar las prácticas formativas que desarrolla el estudiantado universitario, también existen otras organizaciones de diferentes ámbitos que desaprueban este código. Es el caso de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que no apoyó el Estatuto cuando fue anunciado por Díaz “por el fondo”, ya que detallan que aumentará la burocracia y repercutirá directamente en la formación del alumnado. Además, desde la patronal argumentaban que su aprobación no era “ni urgente ni de extrema necesidad” en una coyuntura de disolución de Cortes y a poco más de un mes de las elecciones generales.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) tampoco dio el visto bueno al Estatuto debido a que, según confirmaban en un comunicado, “constituye una amenaza para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español”. Desde la CRUE también se alegaba que las prácticas universitarias responden a un asunto “estrictamente acadeḿico”, por lo que rechazaban la presencia de los sindicatos y la patronal durante las negociaciones del texto. Por otro lado, la Confederación se mostraba en contra de la remuneración económica a los estudiantes por realizar las prácticas asegurando que eso desembocaría en una reducción de la oferta.
La aprobación del nuevo Estatuto, en el aire
A pesar de que el nuevo documento normativo recibió el ‘sí’ de los sindicatos la pasada semana, su tramitacuión y posterior aprobación se encuentra en estos momentos en el aire debido a la convocatoria de elecciones generales el próximo mes de julio. Para que el Estatuto del Becario entre en vigor, el Ministerio de Trabajo debe elevar el texto al Consejo de Ministros, que tendría que aprobar la norma vía real decreto ley antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales. Para ello, el Departamento que dirige Yolanda Díaz todavía no ha fijado una fecha y apuesta por la prudencia para su tramitación e ir viendo los plazos.
En ese sentido, la ministra de Ciencia, Diana Morant, descartó que este Estatuto llegara al Consejo de Ministros antes de los próximos comicios debido a que este "necesita ahora los tiempos que requiere cualquier medida para poderla trabajar con las universidades, las empresas y, en definitiva, con todos los actores implicados". "Tiene que seguir su curso y trabajo normal con los grupos parlamentarios, y en este momento no tenemos grupos parlamentarios", ha señalado en alusión al hecho de que las Cortes se disolvieron a finales de mayo.