El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió el pasado 24 de enero con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Durante la reunión, el cardenal admitió que la Iglesia española no tiene constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021.
Concretamente, la Iglesia contabiliza un total de 949 edificios o fincas inscritas en el territorio español a través de la ley hipotecaria de 1998-2015. No obstante, en este registro figuran un total de diez propiedades. Según el informe que libró el presidente de la CEE, Joan Josep Omella, estos espacios están repartidos entre las tres diócesis de Segorbe-Castelló, València y Orihuela-Alicante.
Del total de propiedades valencianas, hasta siete se incluyen en el apartado con el epígrafe “faltan datos por identificar”. Así, por esta falta de información no se ha podido acreditar la propiedad de una iglesia en casos como el de una edificación destinada al colegio en Callosa de Segura, y tres propiedades más en la ciudad de Elche (una iglesia sin especificar y dos solares).
Tampoco se encuentra identificado un edificio ubicado en Novelda que el Obispado de Orihuela inmatriculó, ni el patio de un centro parroquial de Sax. La séptima propiedad en discordia corresponde a una casa en Segorbe de la que se dice, de manera textual, que “no se puede comprobar la pertenencia”.
Por otro lado, la única catalogada como “otros errores” corresponde a una parcela rústica localizada en Alzira que está adscrita a la parroquia de la Asunción de la Madre de Dios, que no existe en la actualidad tal y como apunta el informe.
Además, hay otros dos bienes más inmatriculados por la Iglesia que se atribuyen a otras propiedades. Uno de ellos es la ermita del Sagrado Corazón de Jesús en Orihuela, mientras que la otra corresponde a la casa de las Religiosas Obreras de la Cruz, en Montesa. En este último caso, se señala que “no es titular la parroquia”, haciendo referencia a la iglesia parroquial de Asunción de la Madre de Dios.
La CEE ha realizado este estudio a través de consultas a las diócesis, que ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados. El Gobierno y la Conferencia Episcopal constituyeron una Comisión 'ad hoc' dentro del diálogo entre la Iglesia y el Estado español, sobre el asunto relativo a los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.
“Acuerdo insuficiente”
Varios grupos políticos (Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu y Compromís) han mostrado sus valoraciones tras el informe remitido por la Conferencia Episcopal en el que la Iglesia considera que cerca de un millar de bienes inmuebles en toda España -949, concretamente- no son ni han sido de su propiedad.
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado de "indecente" que la Iglesia se quedara durante los gobiernos del PP con una "cantidad desaforada de inmuebles" que no eran suyos y también ha dejado claro que no basta con que devuelva sólo un millar. "Debemos ir a más", ha enfatizado, recordando el mandamiento de 'no robarás' y que en la propia Biblia se deja claro que hay que dar "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
De su lado, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado que si hubo 35.000 inmatriculaciones y la Iglesia sólo reconoce que mil de esos bienes no son suyos, hay que investigar qué pasa con los otros 34.000. A su juicio, la disposición a devolver mil inmuebles es un buen paso, pero el Gobierno no se debe "conformar".
El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido ese acuerdo con el Gobierno como un "primer paso importante", si bien ha admitido que no es suficiente porque "deja fuera miles de inmuebles" que el clero se adjudicó sin legitimidad. En este contexto, ha señalado que la Iglesia debe empezar a actuar como cualquier otra institución del siglo XXI y dejar de beneficiarse de "privilegios que claman al cielo" como esa ley aprobada por el Gobierno del 'popular' José María Aznar que le permitió hacer miles de inmatriculaciones.
Desde el PSOE, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ha defendido que el acuerdo con la Conferencia Episcopal es "un paso importante" para "abrir la vía" de la regularización de esos inmuebles, pero ha garantizado que el Gobierno seguirá actuando en este tema, "siempre bajo el paraguas del diálogo".