Sociedad

La despoblación acentúa la pérdida de explotaciones y cultivos en pueblos valencianos en los últimos 20 años

Un estudio de la Unió de Llauradors muestra que en las últimas dos décadas se han abandonado casi 47.000 hectáreas de cultivo

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Imagen de una localidad valenciana en riesgo de despoblación

La despoblación sigue mostrando sus consecuencias. Así lo muestra un estudio elaborado por la Unió de Llauradors, que ha revelado que las 172 poblaciones en riesgo de despoblamiento en la Comunitat Valenciana han perdido a lo largo de los últimos veinte años unas 12.300 explotaciones, lo que supone un 45% menos, y casi 47.000 hectáreas de cultivo, un 22% menos.

Concretamente, la organización ha comparado la variación del número de explotaciones y de superficie de cultivo a través de los censos agrarios oficiales comprendidos entre el año 2020 y 1999 de los pueblos con riesgo de despoblamiento del territorio valenciano. También ha utilizado para su estudio el ”Informe sobre el medio rural” del CES-CV de julio de 2020. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la variación de cifras del estudio puede variar al alza o a la baja con la actualización de los últimos dos años, de los que no se conocen datos.  

Del conjunto de los datos analizados por la Unió, se desprende que la población en esos 172 municipios con 78.862 habitantes solo representaba el 1,58% del conjunto de la Comunitat Valenciana. No obstante, si se analiza el número de explotaciones agrarias existen 15.038 en esas localidades. Esto supone el 15% del total, cifra que demuestra la gran importancia de la agricultura y la ganadería en esas zonas.

Los pueblos en riesgo de despoblamiento representan el 31,8% de las 542 localidades de la Comunitat Valenciana. La provincia de Castellón es donde la situación es más grave, con 87 poblaciones en ese riesgo, que representan el 64,4% de toda la Comunitat Valenciana. La de Alicante con 29 municipios el 20,6% y por su parte la de Valencia con 56 supone el 21%.

En el análisis provincial se ve que Castellón ha perdido en los pueblos en riesgo de despoblación durante el periodo 2020-1999 un total de 4.594 explotaciones (un 41,2%) y 27.555 hectáreas (un 23,9%). En la provincia de Valencia, son 5.363 explotaciones menos (un 45,1%) y unas 14.832 hectáreas (un 18,1%). Por su parte, la provincia de Alicante ha disminuido en 2.336 explotaciones (un 52,4%) y 4.559 hectáreas menos (un 26,9%).

Causas y propuestas de mejora

Desde la Unió, argumentan que los datos "demuestran que la falta de políticas o la ineficacia de estas ha provocado que la gran mayoría de las localidades en esta situación sigan perdiendo población y también uno de los motores para evitar su vacío como es la actividad agraria, puesto que el abandono de explotaciones y superficie sigue al alza".

En la misma línea, Carles Peris, secretario general de La Unió, señala que el objetivo del estudio es alertar de que “hay que dar pasos más firmes pues las actuales políticas no están sirviendo para evitar la pérdida de explotaciones y de superficie agrícola de una actividad que es clave para evitar el despoblamiento”.

Por ello, la organización propone que se establezca una intervención territorial para dar apoyo a los cultivos de secano tradicionales y de baja rentabilidad (olivar, frutos secos, viña y cereal), con el objetivo de mantener una actividad económica en zonas con riesgo de despoblamiento. Del mismo modo, también solicitan incentivos fiscales ambiciosos (fiscalidad diferenciada) para los territorios con riesgo de despoblación que induzcan a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar su domicilio allí.

Asimismo, proponen que los ayuntamientos de poblaciones en riesgo de despoblación establezcan el mínimo tipo impositivo aplicable en el IBI para todas aquellas construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas ganaderas y que estos ayuntamientos sean compensados en su reducción de ingresos por parte del Gobierno.

Por último, abogan por conceder ayudas para el alquiler de viviendas para familias con hijos e hijas menores de 16 años que quieran residir en municipios con riesgo de despoblación. Otras propuestas de la organización pasan por la exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores en zonas con riesgo de despoblación, a través de una compensación a las administraciones locales que la aplican.