Hace una semana, el pasado 8 de mayo, que el estudiantado que realiza sus prácticas profesionales en empresas o instituciones conmemoraba el Día del Becario. Una actividad que, en la mayoría de ocasiones, constituye la primera andadura del alumnado en el mundo laboral y que en los últimos años ha ido superando diferentes obstáculos para mejorar y regularizar sus condiciones. Por ejemplo, todos los alumnos universitarios y de formación profesional que realicen prácticas formativas o académicas externas —sean remuneradas o no— empezaron a cotizar a la Seguridad Social desde el pasado 1 de enero. Un avance que se aplica ya a todos los becarios, ya que hasta ahora solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que desarrollaban prácticas pagadas.
Aún así, todavía quedan muchos desafíos a los que entidades educativas y administración pública y privada deben hacer frente para que las personas becarias conquisten más derechos. Uno de estos pasos adelante pasa por aprobar el Estatuto del Becario que anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace ya casi un año, en junio de 2023, tras llegar a un pacto con los sindicatos UGT y CCOO al que no se sumó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Un texto normativo a través del que se implantaría un régimen jurídico que ordene la actividad laboral del alumnado en prácticas; así como delimitar las horas, la remuneración y los periodos de prácticas. Además, en el estatuto también se establecería el régimen sancionador a las entidades que no lo cumplan con multas de hasta 225.000 euros. Desde el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ven con buenos ojos el futuro Estatuto del Becario, ya que “las medidas abordadas dentro de este son muy necesarias para paliar la situación de precariedad y explotación que viven los jóvenes en prácticas”, detallan a València Extra.
Es por ello que desde el CVJ instan al Gobierno a aprobar ya este borrador para “poder ponerlo en marcha cuanto antes” y así “poder garantizar a los jóvenes cuestiones como la remuneración o el derecho a las vacaciones”, aseguran. Asimismo, desde el Consell detallan que este texto normativo permitirá regular los periodos de prácticas para que estas sean “totalmente formativas y no un puesto de trabajo estructural en la empresa” mejorando de ese modo el bienestar del estudiantado.
En esa misma línea, la organización juvenil apuesta por contar con un marco regulatorio sobre las prácticas formativas también a nivel autonómico con el objetivo de que este garantice que “las universidades valencianas cumplan con el Estatuto del Becario”. “No serviría de nada aprobar un marco jurídico estatal si después por inacción de las administraciones autonómicas o poco interés por parte de las universidades este no se ve reflejado”, apuntan desde el Consell.
Precisamente, la oferta de prácticas no remuneradas por parte de las mismas facultades representa uno de los principales problemas para consolidar los derechos de los becarios y desde el CVJ apuestan por una regulación que “acabe con el abuso de la juventud como mano de obra barata”. “Que las instituciones académicas oferten puestos de prácticas no remuneradas solo hace que perpetuar la precariedad de la juventud, negándoles una estabilidad y un buen desarrollo vital y académico”, concluyen desde la organización juvenil.
Pagar 200 euros al mes para recuperar la cotización de los antiguos becarios
El Estatuto del Becario y la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social son dos victorias recientes que benefician a los estudiantes presentes y futuros. Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellos jóvenes que realizaron sus prácticas en el pasado sin haber podido cotizar por ellas y, en muchos casos, sin haber obtenido una remuneración económica a cambio? El Ministerio de Seguridad Social ha tomado cartas en el asunto y anunció el pasado 30 de abril que los antiguos becarios podrían conseguir que aquellos periodos de prácticas realizadas en el pasado (hasta un máximo de 5 años) también cuenten como períodos cotizados.
Una medida que según confirmó la ministra del área, Elma Saiz, reparaba “los desequilibrios” para que los actuales y los antiguos becarios se encuentren en igualdad de condiciones. No obstante, UGT rechazó “rotundamente” esta norma debido a que las personas que realizaron periodos de formación práctica antes del 1 de enero de 2024 deberán abonar 290 euros por cada mes de formación para reconocer que esos periodos de cotización se tengan en cuenta para su jubilación.
En la misma línea se ha pronunciado el CVJ que califica el anuncio del Ministerio de Seguridad Social de ser “un sinsentido” al condicionar “el reconocimiento de un trabajo ya hecho a la capacidad económica” de cada persona. Así, el Consell criticaba que garantizar este derecho laboral dependería de los recursos económicos de cada exbecario, por lo que dejaría “desamparados a aquellas personas con menos recursos” que quieran reconocer esa cotización.