El Consell ha demandado al Gobierno central el pago del 50% de los gastos de la Comunitat Valenciana en relación a los servicios de dependencia. Asimismo, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha exigido al Ejecutivo que se compensen los 1.022,9 millones de euros que le debe a la Generalitat por haber prestado atención sanitaria a personas desplazadas desde el año 2012.
En declaraciones realizadas en la rueda de prensa posterior al pleno, la portavoz ha informado sobre la aprobación del convenio entre Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales y el Imserso que desarrolla el marco de cooperación para financiar los gastos del sistema de dependencia en 2024 y sobre el acuerdo por el que se autoriza a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Ejecutivo central las cantidades que se le adeudan del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria para remunerar la asistencia sanitaria prestada a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.
Ruth Merino ha explicado que el Gobierno de España aporta este año 68,1 millones de euros para la promoción de la autonomía personal y para las personas en situación de dependencia, atendiendo al denominado como nivel acordado (que es el que se aprueba en el convenio autorizado este martes), y que a este concepto se suma un nivel mínimo, por el que concede otros 100 millones de euros. Sin embargo, sumando estas dos aportaciones, la del nivel mínimo y la del nivel acordado, “ni siquiera se llega al 25 % de todo lo que supone el gasto en dependencia de la Comunitat Valenciana, cuando el Gobierno de España debería estar aportando por ley el 50 %”, ha señalado.
Ruth Merino ha denunciado que estas cifras reflejan la “dejadez” y “desatención continuada” del Gobierno de España hacia las personas dependientes de la Comunitat y ha advertido que el Consell no va a dejar de exigir que “pague la parte que le corresponde”.
Atención sanitaria a pacientes de otras autonomías
Además, la portavoz ha extendido esta exigencia a la compensación por el gasto sanitario a personas desplazadas de otras comunidades y al colectivo de personas extranjeras. En concreto, el Ejecutivo estatal debe a la Comunitat, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 798,9 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.
Además, el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 99,6 millones de euros por las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023, así como otros 101,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.
En los sistemas de información de la Conselleria de Sanidad se están identificando y registrando, de forma individual, más de 199.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que no ha sido remunerado.
Nombramientos
Por otro lado, el pleno ha aprobado el nombramiento de Vicente Huet Ballester como nuevo director general de Interior.
Igualmente, ha acordado el nombramiento, como miembros del Comité Económico y Social, de María Amparo Camarero Olivas y de Enrique Esteve Mollá, en sustitución de Francisco Javier Sanahuja Sanchis y de Purificación Baldoví Borrás, que cesan en sus cargos.