Los centros educativos de la Comunitat Valenciana se establecen como “entornos seguros donde todo el alumnado tenga las mismas oportunidades de desarrollo, de aprendizaje y de formular unos proyectos de vida autónomos y sin condicionantes de género, de clase o de capacidad”. Así lo afirmaba el pasado viernes la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, tras el pleno del Consell.
Un pleno que, entre otros asuntos, servía para aprobar el Decreto de igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano, con la finalidad de construir unas escuelas “más igualitarias, más dialogantes, más respetuosas con la diversidad, más pacíficas y que valoren las conductas individuales y colectivas que contribuyen a la paz; en definitiva, estamos construyendo una sociedad más justa”, resaltaba Mas.
Un entorno seguro
El Decreto favorecerá que los centros educativos dispongan un marco de convivencia que se configure como espacio protector, creando un entorno seguro y cariñoso por el alumnado, un marco construido por toda la comunidad, a través de un proceso de reflexión, con garantías de participación de todos los sectores implicados.
En este sentido, y como también incidía la titular de igualdad y políticas inclusivas, esta norma establece “los principios de la legislación vigente sobre derechos y garantías de la infancia y adolescencia, de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, así como los principios de igualdad de las personas LGTBI”.
Gracias al Decreto aprobado los colegios de la Comunitat Valenciana avanzan hacia un planteamiento más inclusivo, igualitario, global y comunitario de la convivencia escolar, como proceso de aprendizaje colectivo y con un enfoque interseccional necesario para una sociedad contemporánea.
Respeto a la diversidad del alumnado
El texto potencia “el respeto a la diversidad del alumnado en un marco de valores compartidos y situando al centro educativo como un espacio privilegiado y seguro para gestionar una convivencia positiva entre las personas de la comunidad educativa”.
Asimismo, la norma promueve “un modelo de gestión del conflicto y de la convivencia desde la perspectiva de los derechos humanos y la educación socioemocional, puesto que un valor añadido para los entornos educativos es la valoración de los buenos tratos entre las personas”.
El decreto aprobado incluye también la creación del Observatorio de la Igualdad y la Convivencia y regula los derechos y deberes de toda la comunidad educativa con el objetivo de velar por la protección y en el caso de incumplimiento de las normas de convivencia, emplear mecanismos de mediación y restauración donde el diálogo sea la herramienta clave para la busca de la empatía y el buen trato.