La Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana es una realidad desde ayer. Un texto clave para las políticas del Botànic que refuerza la acción del Consell en diversas materias, como la política social, la vivienda o los jóvenes.
Sin embargo, esta ley va a permitir blindar y proteger dos actividades con un fuerte arraigo en la cultura de la Comunitat Valenciana: las bandas de música y la pólvora. Ahora, ambas pasarán a considerarse "recursos turísticos de primer orden".
Una decisión que llegas tras considerar ambas actividades como generadoras, por sí mismo, de turismo, contribuyendo a reforzar la imagen de marca turística del territorio valenciano así como su promoción de destino turístico.
En esta definición se encuentran las sociedades musicales "en todas sus variantes", una nueva catalogación que sumaría peso a las actividades que puedan organizar en los distintos municipios donde se encuentran, además de abrir la posibilidad a optar a nuevas ayudas o líneas de financiación para desarrollar su actividad.
Los jóvenes, grandes beneficiados
Por otro lado, uno de los cambios más destacados que impulsará la Ley de Medidas Fiscales versa entorno a incentivar a que los propietarios de viviendas deshabitadas las pongan en alquiler para facilitar el acceso a los inmuebles. Otra de las vertientes que la norma que beneficiará a los más jóvenes es la gratuidad del Carnet Jove para personas de entre 14 y 30 años con el objetivo de contribuir a aliviar la inflación en estas franjas, con un ahorro de más de un millón de euros.
Entre las diferentes novedades que incluye la norma, destaca, también, la nueva denominación para la expresión “minusválido”, que se modificará a “discapacitado” en todas sus variantes para aquellas personas que sufran algún tipo de discapacidad.
Además, se regula el transporte a demanda en la Comunitat Valenciana, y posibilita a los municipios sin servicio de taxi hacer uso de este transporte público de otros municipios colindantes.
En materia social, la ley prohibe que las empresas o entidades de servicios sociales que hayan sido multadas con una sanción firme puedan acceder a contratos públicos y establece que los futuros centros residenciales tendrán un máximo de 100 plazas para asegurar la calidad y el bienestar de las personas residentes.