La vuelta a la normalidad todavía se encuentra muy lejos para muchas familias damnificadas por el temporal del 29 de octubre. En el ámbito de la educación, 169.000 menores fueron afectados y más de 100 centros educativos quedaron destrozados tras las inundaciones, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el portal InfoDANA. Si bien más del 70% del alumnado perjudicado ha retomado sus clases ya sea en su propio centro o en otro de acogida, todavía hoy, a un día de que se cumpla un mes de la fatídica fecha, son miles los estudiantes que continúan sin retomar sus jornadas lectivas, ni parece que vayan a hacerlo en un largo tiempo.
Según el conseller de Educación, José Antonio Rovira, la inversión necesaria para reconstruir todo el material perdido por la gota fría alcanza la cifra de los 1.1135 millones de euros. En esta cantidad se incluye la reparación de infraestructuras, instalación de aulas temporales, compra de equipamiento escolar, servicios de transporte y comedor, obtención de material de limpieza y revisiones eléctricas. Un presupuesto, no obstante, que tardará en llegar, y mucho más aún en ponerse a disposición de los centros.
Pero lo que más ha tardado en llegar, sin duda, es el auxilio de las instituciones a la comunidad educativa. Y es, tal y como denuncia la CGT (Confederación General del Trabajo) de València, “la acción ciudadana ha ido por delante de la decisión administrativa”. Así lo expresa también José Manuel Casermeiro, presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de la provincia de València, quien denuncia el “desastre” y la “prisa” que ha tenido la conselleria de Educación por dar la orden de apertura a centros educativos sin siquiera realizar las pruebas de seguridad pertinentes.
De hecho, esta problemática impulsó, el pasado sábado 23 de noviembre, la celebración de una manifestación en la que se pedía la misión del president de la Generalitat Valenciana (GVA), Carlos Mazón, y del propio Rovira ante lo que se consideraba una “gestión inadecuada” de la DANA en el sector de la docencia. En ella, la Plataforma de l’Ensenyament Públic, organizadora de la reivindicación, expresó el sentimiento de abandono que siente la comunidad educativa por parte del gobierno autonómico.
En este sentido, FAMPA y CGT explican que la GVA no ha puesto a disposición de los colegios afectados ningún medio de limpieza o desinfección. De hecho, aseguran que han tenido que ser los propios profesores y familias los que han realizado las labores de saneamiento en los centros. Asimismo, tampoco se establecieron, en un primer momento, los protocolos sanitarios necesarios, de forma que el personal voluntario ha estado expuesto a enfermedades muy graves derivadas del agua estancada en el lodo.
Adopta un colegio
Una de las principales protestas por parte de la comunidad educativa atiende al hecho de que las instituciones no han llevado a los centros los recursos necesarios. En respuesta a esta problemática, Startup Valencia, ATH21 y la comunidad docente Para Profes han impulsado la iniciativa ‘Adopta un colegio’. Se trata de un proyecto que facilita la conexión entre personas y empresas del sector educativo para ofrecer ayuda escolar de forma colaborativa.
El objetivo de la propuesta es centralizar las ayudas, coordinar el voluntariado y recoger el material que requieran los docentes, las familias y el alumnado de las zonas afectadas por las inundaciones. En esencia, se establece un mapeo de las necesidades concretas de cada centro y su estado actual para garantizar que llegue a él todo aquello que necesitan.
30 centros escolares sin desinfectar
La cifra es alarmante, pero la causa aún más: 13.000 estudiantes continúan sin poder acceder a la jornada lectiva porque sus colegios e institutos siguen llenos de barro. Solamente en la localidad de Paiporta, son 4.000 los escolares que aún no pueden retomar su actividad educativa. De hecho, en una reunión reciente, el Ayuntamiento municipal estimó que, en el mejor de los casos, los alumnos del municipio todavía tendrán que esperar tres semanas para volver a pisar un aula. Y es que no solo son 30 los centros que permanecen sin desinfectar, sino que hay otros cuatro que están limpios pero aún no han conseguido el certificado de desinfección otorgado por Tragsa o Vaersa que les permite abrir de nuevo sus puertas.
La situación más crítica se está viviendo, justamente, en Paiporta, ya que solo dos de los siete centros educativos que hay han sido valorados, por lo que en el resto ni siquiera se ha estimado aún el volumen de daños. "Cuando vino Tragsa nos dijo que no podía hacer nada sin la autorización de Sanidad, se iban pasando la pelota unos a otros y al final no avanzaron en los trabajos”, explica la representante del AMPA de uno de los colegios de la población, quien define la situación escolar actual como “caótica”.
Centros educativos sin desinfectar
Alaquás
- CEIP Bonavista
- CEIP Vila d’Alaquàs
- CEIP Amparo Alabau
Albal
- IES d’Albal
Aldaia
- CEIP Juan Antonio Martínez Torres
- CEIP Ausiàs March
Alfafar
- El Rabisancho
Algmesí
- IES Sant Vicent Ferrer
- EPA Jaume I
- CEE Alberto Tortajada
- CEIP Ribalta
Alginet
- CEIP Vicente Blasco Ibáñez
- CEIP Emilio Luna
Catarroja
- CEIP Joan XXIII
- CEIP Bertomeu Llorens
- IES Berenguer Dalmau
- CEIP Paluzie
- CEIP Vil·la Romanda
- CIPFP Catarroja
- CEIP Jaume I
Cheste
- CEIP Francisco Giner de los Ríos
L'Alcúdia
- CEIP Heretats
- CEIP Les comes
- CEIP Batallar
Picanya
- CEIP Baladre
- CEIP Ausiàs March
Sedaví
- CEIP Fernando Baixauli
València (Castellar-Oliveral)
- IES Ravatxol