Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, ha denunciado una tendencia ascendente de los delitos de odio contra el colectivo en los últimos años; pero lo que es peor: “estamos ante una infradetección de los delitos”. Y es que mientras la organización internacional ILGA muestra que las denuncias oficiales de delitos de odio en España, en los últimos cinco años, han sido de 1.551; la federación estatal LGTBI+ revela que la cifra real asciende a 50.000. “Unos datos que muestran, sin duda, una realidad mucho más cruda de lo que llega a la población general”, apunta Virginia Markland, de la ejecutiva de Lambda.
Un planteamiento que también comparte la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), ya que de acuerdo con el informe Estado LGTBI+ 2024, elaborado por esta entidad, de las 57.000 agresiones físicas o sexuales que las personas del colectivo declaran haber sufrido entre 2018 y 2022, el Ministerio del Interior tan solo recoge 1.738, es decir, el 0,57 %.
En este sentido, el secretario de FELGTBI+, Ignacio Paredero, explica que “las cifras recogidas por el informe de la Federación se acercan bastante a los datos oficiales de Inglaterra y Gales, por lo que podemos sospechar que en España nos encontramos ante un problema de infradetección. Esto implica que existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal”.
“Estamos ante un verdadero iceberg del odio”, señala contundente Paredero. Y es que las 57.000 denuncias que se realizan ante las fuerzas de seguridad representan, tan solo, el 16,5 % de los delitos de odio. Así, el informe revela que un 33% de las personas no denunciaron porque pensaron que no iba a servir para nada; mientras que casi un 20% fue por miedo a la respuesta LGTBIfóbica por parte de la policía. Además, en casi 1 de cada 5 casos (21%), se llamó a declarar a la persona denunciante para investigar otro caso diferente al suyo.
Respecto de las agresiones sufridas, el informe apunta a que más del 40% sufrió una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave (bofetadas, puñetazos, caída al suelo...). Además, en cuanto a las discriminaciones, más de un 40% tuvieron relación con la discriminación en el ámbito laboral y más del 45% con la denegación de algún derecho.
Por último, más del 80% de las personas LGTBI+ (83%) han sufrido discriminación por ser LGTBI+ más de una vez en los últimos cinco años. De hecho, hay un 10% de personas que declaran haber sufrido discriminación más de 10 veces en ese periodo de tiempo.
Unos datos alarmantes que, en palabras de Markland, “se deben combatir con la educación”, pero también “con el apoyo de las instituciones que, en ocasiones, son cómplices de la violencia sistemática y estructural que socava nuestros derechos y nuestra seguridad. Y esto pasa por acabar con las mal llamadas microagresiones, los chistes y los comentarios sin gracia; porque el tipo de agresión más común son las ridiculizaciones (40 %), seguidas de los insultos (26 %)”.
Por su parte, desde la Federación Estatal LGTBI+ reclaman “una mayor eficacia en la recogida de datos de los delitos de odio, así como que se imparta formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la sensibilización con las realidades del colectivo sea real y que se creen unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.
Aumentan también los recortes
Y a medida que aumentan los delitos de odio, también lo hacen los recortes en derechos y visibilización del colectivo. En este punto, desde Lambda quieren poner en el foco los “significativos recortes en el primer trimestre de 2024, como la censura de libros infantiles películas y obras de teatro que aborden la diversidad familiar y realidades LGTBIQ+; la cancelación del servicio infosex del Ayuntamiento de València; la negación de la discriminación que sufre el colectivo LGTBI por parte de miembros del gobierno valenciano; el recorte en campañas y servicios de asistencia a personas LGTBIQ+; o los recortes en el Plan Divèrsia que deja, en 2024, a más de 20.000 jóvenes sin recibir formación en diversidad LGTBI+ en la provincia de Valencia”.
Asimismo, han denunciado que a todos estos hechos se suman “las amenazas y ataques directos a entidades de este colectivo, como Lambda quien, junto a Avegal, recientemente denunciaban el intento por parte del Ayuntamiento de controlar y politizar la marcha del Orgullo, como una maniobra de pinkwashing o blanqueo de sus políticas en contra del colectivo”. Además, Lambda y otras organizaciones también censuraban “la usurpación de puestos en los Consejos consultivos LGTBIQ+ y Trans de la Comunitat Valenciana por parte de cargos políticos del PP, en contra de sus propios estatutos, llegándose al sinsentido de designar a un alcalde de dicho partido como representante trans en el consejo autonómico”.
Por todo esto, pero también “por los intentos de la administración pública de controlar o injerir” en la organización de los diferentes eventos LGTBIQ+ que se desarrollan en la ciudad, Lambda no solo ha decidido cancelar, por primera vez en 36 años, la celebración de la Fiesta del Orgullo; sino que, recientemente, todas las entidades del colectivo de la ciudad de Valencia han anunciado que se retiran de la organización de los Gay Games 2026.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, negaba que existieran "injerencias" en la organización de evento. De hecho, aseguraba que, en el caso del Orgullo, "se han celebrado reuniones desde diciembre para organizar el Orgullo, además de invitar a estas entidades a participar en los '25 orgullos' y 80 actos programados por toda la Comunitat Valenciana". De esta manera, se mostraba sorprendida ante estas denuncias por parte de algunos colectivos LGTBI, y recalcaba que "nuestra obligación es fiscalizar las ayudas que reciben estas negociaciones. ¿Es que antes no se les pedía justificación y de ahí vienen las molestias?".
Por último, Camarero ha puesto en valor que "se han aumentado en un 50 % las ayudas a entidades que fomentan la diversidad", y ha señalado que "Lambda ha recibido más de un millón de euros en subvenciones del actual Consell". Unas ayudas que se suman a las aprobadas, el pasado mes de marzo, por el Ayuntamiento de Valencia por valor de 66.666 euros, que se destinan a proyectos que promuevan la igualdad de las personas LGTBI+.