La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, se ha reunido con las entidades representantes del tercer sector para poner en común las aportaciones realizadas a la primera ley del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, así como para exponer las prioridades del Gobierno valenciano respecto a la nueva norma.
El plazo de audiencia pública previa de la ley concluye este lunes, por este motivo Susana Camarero ha querido mantener este encuentro en el que ha trasladado a todas entidades de la acción social valenciana su agradecimiento por el compromiso de diálogo y colaboración en el desarrollo de la ley.
En este sentido, la consellera de Servicios Sociales ha subrayado que esta colaboración ha sido “imprescindible” en la tramitación de la ley y ha recordado que son organismos “que llegan donde la administración no puede, a cada persona que lo necesita”.
Sobre la ley, la vicepresidenta segunda ha destacado que permitirá reconocer como entidades colaboradoras de la administración a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, “lo que facilitará el desarrollo de su trabajo con confianza, seguridad y garantías”.
Según ha explicado, estas entidades representan a “la sociedad civil organizada que está presente para hacer frente a las situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social”. Por ello, Camarero ha insistido en que es necesario reconocer a las entidades del tercer sector como agentes clave del sistema de servicios sociales.
“Es imprescindible la interacción y la interoperabilidad del sistema público y del tercer sector -ha añadido- porque sin la aportación de las entidades sociales, el sistema está incompleto”.
Por todo ello, la vicepresidenta ha elogiado el trabajo ejercido por las entidades y sus aportaciones a las administraciones que “nos ayudan mejorar la atención y la garantía de los derechos a las personas más vulnerables”.
Objetivos y plazos de la ley del Tercer Sector
La nueva norma que regulará al Tercer Sector de Acción Social pone en valor el papel de las entidades del tercer sector y las reconoce como actores necesarios para la ordenación del sistema de servicios sociales.
Asimismo, establece los cauces de colaboración público-privada; garantiza unas condiciones laborales adecuadas; contempla el fomento de la participación ciudadana y el trabajo en red; recoge la elaboración de un registro y de un censo; e impulsa la innovación social.
Tras finalizar el periodo de audiencia pública previa, está previsto que en septiembre se realice una jornada participativa de todo sector que culminará, en diciembre, con la entrega del borrador que será sometido a audiencia pública.
En el primer trimestre del 2025, se elaborarán los informes resultantes de la consulta pública y en el segundo trimestre de 2025 tendrá lugar el debate parlamentario y aprobación de la ley en Les Corts.