La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado la puesta en marcha de tres unidades (una por provincia) de especialistas en finanzas para que apoyen a jueces y fiscales en la investigación y persecución de la corrupción política y económica.
Así lo ha anunciado Gabriela Bravo durante su intervención en la clausura de las IV Jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales que se ha celebrado este viernes en Alicante organizadas por la Cátedra DeBlanc creada por la Conselleria en colaboración con la Universitat de València.
Para la consellera, "cuando hablamos de delitos económicos y de blanqueo de capitales estamos hablando de procesos de gran complejidad para el que los jueces y fiscales no siempre cuentan con las herramientas necesarias para la investigación". Por ese motivo, Gabriela Bravo ha defendido que se fortalezca la capacidad investigadora de las fuerzas y cuerpos desSeguridad del Estado y que se dote de formación especializada a jueces y fiscales.
"No hemos de olvidar -ha puntualizado- que en los tribunales se investigan numerosos casos relacionados con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que viene poniendo de relieve la necesidad de una justicia especializada en materia de derecho penal económico, que tiene su propia identidad, en el que quedan incluidos los numerosos casos de corrupción política y económica que tanto preocupan a la sociedad".
Para la consellera, "si no abordamos una reforma en profundidad, corremos el riesgo de que nuestras herramientas jurídicas y policiales se queden obsoletas ante los avances informáticos". De hecho, ha recordado que en las reuniones de los jueces decanos de España se pide, desde hace años, la creación de un cuerpo de peritos en materia económica y contable al servicio de los juzgados.
En este sentido, Gabriela Bravo ha reclamado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal incluya la creación un cuerpo de peritos especializados en finanzas, contabilidad y economía cuyos informes sean válidos desde el punto de vista procesal de la misma manera que lo son los de los médicos forenses de los institutos de Medicina Legal.
"Mientras llega esa reforma, -ha dicho- la Generalitat ha puesto en marcha esta Cátedra DeBlanc que despliega su actividad desde el año 2018 para apoyar a jueces y fiscales con herramientas eficientes", tanto en materia formativa como en labores de asesoramiento especializado en materia económica y de manejo de bases de datos complejas.
Para la consellera, "en apenas tres años de vida, la Cátedra DeBlanc se ha convertido en un referente por la calidad de sus asesorías y la excelencia en la formación que brinda" para luchar contra la corrupción, la cual, "tiene un fuerte impacto en la economía de los países, pues afecta directamente a las finanzas públicas, a la distribución de la riqueza y a la libre competencia entre empresas", ha concluido Gabriela Bravo.