Las políticas impulsadas por el gobierno del Botànic han permitido dar un vuelco en todo tipo de indicadores desde su llegada a la Generalitat en 2015. Economía, empleo, educación… y dependencia. Y es que, pese al contratiempo provocado por la crisis sanitaria, en estos ocho años de gobierno, en la Comunitat Valenciana se atienden al triple de personas: se ha pasado de 41.662 en 2015 a alrededor de 130.000 beneficiarios y beneficiarias.
Un vuelco a las políticas de dependencia que se plasma también a escala estatal, ya que según la reciente publicación del XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la valenciana es quinta mejor autonomía en servicios de dependencia, con una nota del 6,2, una situación que contrasta con 2015, año en el que ocupaba la última posición de todas las regiones españolas.
En datos concretos, el 20,02% de la población valenciana potencialmente dependiente está atendida, una cifra superior a la media estatal, que es del 19,9%. Asimismo, hay un 28,33% de personas susceptibles de percibir ayudas por la dependencia que las han solicitado, una cifra inferior al 30,56% estatal.
En el último año, la Comunitat Valenciana es la segunda que más personas ha incorporado al sistema de dependencia por detrás de Canarias: Hay un crecimiento del 14,13% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, casi el doble de la media española, que se sitúa en el 7,47%.
Actualmente, y según los datos del Observatorio, 27.394 personas están a la espera en la Comunitat Valenciana, de ellas 16.283 están a la espera de valoración y 10.571 están ya en lista de espera.
Aitana Mas, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, considera que en estos años “la prioridad ha sido y es promover la autonomía personal y el apoyo a las familias, una prioridad política que ha ido acompañada por un esfuerzo presupuestario sin precedentes a pesar de la infrafinanciación autonómica por parte del Gobierno central”.
Desde el área se trabaja ahora en la reducción del tiempo de las resoluciones de expedientes, que se sitúa alrededor de 300 días, el quinto mejor dato estatal.