El Consell ha aprobado este viernes el nuevo Reglamento de Vivienda de Protección Pública y el régimen jurídico del patrimonio público de vivienda y suelo con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna a los valencianos y valencianas.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha explicado que con el nuevo reglamento se pretende hacer frente a la persistente escasez de vivienda asequible y a los efectos que la inflación y la subida de los tipos de interés están teniendo en el sector inmobiliario.
Para ello, se otorga carácter permanente a la calificación de las viviendas de protección pública, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y la desaparición gradual de la vivienda de protección oficial.
En el nuevo reglamento se permite el acceso a la propiedad de viviendas de protección oficial a personas jurídicas, siempre y cuando el destino final sea el arrendamiento o la cesión de uso a personas físicas que cumplan los requisitos para acceder a este tipo de vivienda.
El decreto prevé la posibilidad de que la Generalitat se reserve, por motivos sociales, la adquisición de un porcentaje de viviendas de protección pública en promociones privadas de nueva construcción en áreas de necesidad de vivienda o en municipios con riesgo de despoblación, que podrá llegar al 100 %.
“Estas viviendas tendrán que ofrecerse en régimen de alquiler o cesión de uso a los colectivos más vulnerables, garantizando así el incremento y la consolidación del parque público de viviendas de protección oficial, y haciendo frente a la emergencia residencial”, ha señalado Aitana Mas.
Se establece una reserva del 40% de la oferta de vivienda de promoción pública para personas jóvenes.
Precios máximos de venta y alquiler
Por otra parte, el nuevo reglamento fija los precios máximos de venta, que, en este momento, será de 2.200 euros por metro cuadrado, “aunque podrá ser modificado en función de las vacaciones en los costes del material, y no excederá nunca el precio de mercado de la vivienda libre de obra nueva”.
Por su parte, el precio máximo del alquiler, incluidos los gastos de comunidad ordinarios, “se establecen diferentes tramos en función de los ingresos de las personas que integran la unidad de convivencia, adaptándose a las posibilidades reales de cada familia, usando como referencia el IPREM”.
“De esta forma, -ha explicado la vicepresidenta- por ejemplo a un hogar con una unidad familiar que ingrese 1.600 euros mensuales no se le podrá exigir más de 400 euros mensuales de alquiler para una vivienda tipo de 70 metros cuadrados”.