La dificultad para tener un empleo y entrar en el mundo laboral es una condición que se ve acrecentada en personas que tienen algún tipo de discapacidad reconocida superior al 33 %. Es por ello que, con el objetivo de facilitar que este colectivo pueda tener un puesto de trabajo, la Ley de Función Pública (LFP) de 2021 estipula que las Ofertas de Empleo Público (OEP) deben asegurar, como mínimo, que un 7 % de las plazas convocadas vayan dirigidas a personas con discapacidad.
Un mínimo que puede verse incrementado por criterio de las regiones. Por ejemplo, la ley imperante en la Comunitat Valenciana, la Ley Valenciana de Función Pública, establece que las OPE lanzadas por el gobierno autonómico deben incluir un porcentaje de al menos el 10 % de plazas que queden reservadas para este grupo poblacional. Además, en el caso del territorio valenciano, la mitad de ese 10 % debe cubrirse con personas que tengan discapacidad intelectual o una enfermedad mental.
Siguiendo el ejemplo valenciano, el Gobierno de España en su nueva oferta ha fijado por primera vez en un 10 % el número de plazas destinadas a personas con discapacidad. Así se desprende de los datos de la última OPE de la Administración General del Estado que recibió luz verde el pasado martes por parte del Consejo de Ministros. Esta convocatoria, que además es la más grande anunciada en los últimos años, incluye un total de 40.146 plazas, de las que 3147 serán para el turno de discapacidad general y de estas 629 se circunscriben a personas con discapacidad intelectual.
1 de cada 4 asalariados con discapacidad trabaja en el sector público
Precisamente, ha sido gracias a las normativas de carácter estatal y autonómico y a la concienciación institucional para ofrecer un empleo a las personas que tienen una discapacidad, que este colectivo ha logrado entrar de una manera cada vez más sencilla en el mundo laboral. De hecho, en 2022 el 25 % de los asalariados con discapacidad trabajaba en el sector público (1 de cada 4), lo que equivale a cerca de 120.000 personas en toda España.
Si trasladamos estas cifras a escala autonómica, el Informe sobre Personas con Discapacidad y Empleo Pública en la Generalitat Valenciana —que fue publicado el 2 de mayo de 2023 por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública— revela que en el año 2022 eran 162.482 los trabajadores que pertenecían al cuerpo de la administración pública valenciana y de ellos 4490 eran empleados públicos con alguna discapacidad reconocida, lo que supone un 2,76 % del total del funcionariado que trabaja en las tres provincias.
Falta de formación específica adaptada a personas con discapacidad
Estas cifras destacan cómo el sector público se ha consolidado a lo largo de esta última década como un medio de inclusión social y profesional de este colectivo. De hecho, a nivel nacional, desde 2014 se ha registrado un aumento del 33 % de personas con discapacidad que han conseguido un puesto en el sector público; un dato superior si se compara con el incremento del 17 % detectado en personas sin discapacidad.
“Esto refleja el avance y compromiso hacia la igualdad de oportunidades laborales en el ámbito público”, explica Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de ADAMS Formación. No obstante, Oliveros detalla que “es fundamental reconocer las barreras que aún tienen para acceder al mercado laboral”, ya que las personas con discapacidad no cuentan, en la mayoría de casos, “con una formación adaptada y personalizada”. Una coyuntura que, en el caso de la Comunitat Valenciana, provoca que se cubran menos del 60 % de las plazas que se reservan cada año a personas con discapacidad.
Es por este motivo que, según confirma la directora de la entidad educativa de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), “solo el 31 % de los asalariados con discapacidad tiene estudios superiores” frente al 47 % de las personas sin discapacidad. ADAMS Formación es una de las instituciones académicas especializadas en formar a personas con discapacidad, ya que ofrecen programas educativos y de formación específicos que abordan las necesidades de este colectivo a la hora de optar a una plaza en el ámbito público.
En ese sentido, Rosa Lucena, profesora del grupo de discapacidad de ADAMS, señala que trabajan con grupos reducidos para adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. “Para el éxito educativo, es esencial ofrecer explicaciones tranquilas y una atención individualizada. La paciencia y la repetición son claves. Además, necesitan mucha cercanía, fomentando la participación activa de los estudiantes”, expone la docente.