"Creación de una Comisión Paritaria entre Administración General del Estado y la Comunidad Valenciana para la devolución de algunas competencias en materia de Sanidad, Educación y Justicia". Esta es la número 13 entre las "Propuestas de Futuro para Valencia" de la formación ultraderechista Vox, su programa electoral de cara a las elecciones autonómicas de la Comunitat.
El candidato del partido ultra a la presidencia de la Generalitat Valenciana es José María Llanos, que cobró 8 años de una fundación cerrada por corrupción del PP, inaugurada por Rafael Blasco. Así, la formación liderada en la Comunitat por alguien que cobró de los llamados "chiringuitos del PP" valenciano, aboga por restar competencias contempladas por la Constitución y el Estatut d'Autonomía.
Según se detalla en el 'programa', Vox "defiende la necesidad de recentralizar las competencias de educación, sanidad, orden público y justicia". Según el partido ultraderechista, es necesario que sea potestad del Estado la "inspección y homologación" del sistema educativo en "todo el territorio nacional", con lo que contempla la "selección, nombramiento y, en su caso, separación del servicio de profesorado". La formación, que se autodenomina constitucionalista, aboga por, en algunos casos, la vuelta a antes de la Constitución del 78.
En consonancia con la pérdida de competencias, desde Vox hablan también de acabar con el supuesto "adoctrinamiento escolar" que defienden junto a PP y Ciudadanos. "Se vertebrarán organismos para asegurar la veracidad de los contenidos de los currículos y libros de texto, y la asepsia ideológica de los mismos", prometen.
Sin legislación horaria comercial
Sin embargo, la formación si quiere independencia del Estado para aprobar las Normas del Puig, que defienden un valenciano supuestamente "identitario y diferenciado del catalán", pese a que la evidencia científica y los tribunales ya han demostrado en repetidas ocasiones que es falso.La cesión de las competencias va más allá de y defienden que la regulación horaria de los comercios no las regule el Ayuntamiento, la Generalitat o el Estado, sino "los gremios y asociaciones".
Otra cosa a eliminar según los ultraderechistas es la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, lo que se traduce en el cierre de À Punt. Según Llanos, no es necesaria una cadena autonómica porque "ya hay medios privados capaces de ofrecer información de proximidad", asegura. En el programa detallan que la opción no es sólo cerrar, también privatizar. En todo caso, perder la televisión pública valenciana porque "no es un servicio esencial que deba ser prestado ni sostenido por la Administración".