El 24 de julio de 1998, en el pleno del Ayuntamiento de València el PP, en solitario, iniciaba algo que marcaría el gobierno de Rita Barberà, la ciudad y la historia de la lucha vecinal. Se aprobaba el inicio del proyecto para prolongar la Avenida Blasco Ibañez destruyendo parte del Cabanyal. Se ‘materializaba’ en las instituciones una reestructuración de la ciudad que ya se contemplaba en el Plan General de Ordenación Vigente de 1988, aprobado por el PP de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. Tres meses antes de la primer paso del proyecto por el Ayuntamiento, los vecinos y vecinas del Cabanyal-Canyamelar formalizaban su resistencia: diversas entidades del barrio crean la Plataforma Salvem El Cabanyal.
En febrero de 1999, a finales de la segunda legislatura de Barberà, los populares aprueban, de nuevo haciéndose valer de su cómoda mayoría absoluta, el anteproyecto de la prolongación, con las consecuentes expropiaciones, y recolocación de las 1.951 personas que, con el derribo de 1.651 viviendas, se quedarían sin hogar. Un plan que, en la época, se tildó de “chantaje”: tras años de abandono por el Ayuntamiento, se ofrece una rehabilitación sólo a aquellas casas que queden en pie tras las obras. Se rechazan las protestas de la oposición –PSOE y EU– y se hacen oídos sordos a Salvem El Cabanyal, en la que se integran ahora intelectuales, artistas, militantes de partidos y sindicatos y, sobre todo, vecinos del barrio.
Un millón de euros
Oposición y movimientos ciudadanos argumentan que el barrio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993 por la Generalitat del socialista Joan Lerma, no puede ser transformado sino conservado y restaurado. Barberá argumenta que la regeneración es necesaria, pero se niega a abordarla si no pasa por la apertura de la Avenida Blasco Ibáñez al mar. Una prueba, para Salvem y oposición, de que la política se ha integrado en las dinámicas de especulación urbanística. Tal es la negativa del PP valenciano a la resistencia del Cabanyal que no recibe a Salvem ni durante la huelga de hambre que practicaron cinco miembros durante casi un mes. Una oposición que marcó su tercera legislatura.Para seguir adelante con el proyecto, el Ayuntamiento necesita del informe favorable de la Conselleria de Cultura. Se filtra entonces a la prensa, en el año 2000, que de ejecutar el plan, este sería nocivo para el barrio y contrario a la Ley de Patrimonio. Algo que enfrenta a Barberà con el Consell; el segundo, sin embargo, se dedica a conceder prórrogas a la alcaldesa para que consiga adecuar el plan a la legalidad. En enero de 2001 la Conselleria de Cultura resuelve los informes presentados por el Ayuntamiento: contrario a los profesionales de patrimonio y técnicos, da el visto bueno.
Poco después, sin embargo, el plan sufre otro revés: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) apoya la suspensión cautelar de las expropiaciones tras estimar las reivindicaciones de la Plataforma. Siete días después, el Ajuntament plantea un recurso, acusa al TSJCV de entrometerse en el poder ejecutivo –por lo que le acusan a ella la oposición de hacer lo propio con el poder judicial– y reclama a Salvem el Cabanyal una fianza de un millón de euros. Plataforma y oposición critican las formas y la suma de dinero, tildando de “franquista” el tono de Barberà. La justicia resuelve de nuevo contra la alcaldesa; el escrito responde a las acusaciones directas de Barberà sobre separación de poderes, y asegura que el ganar elecciones “no priva de la ‘aplicabilidad’ de la norma”.
En octubre de 2004 el TSJCV concluye que la intervención es “perfectamente legítima”.Algo que es bien recibido por los populares, pero Salvem presenta un recurso en el Tribunal Supremo (TS) que aprueba cinco meses después. Las expropiaciones y derribos vuelven a suspenderse de forma cautelar.
Expolio
El 13 de marzo de 2008 el TS resuelve el recurso contra la ampliación de la Avinguda Blasco Ibáñez y autoriza el derribo de las más de 1.600 viviendas. Poco después, de nuevo, se pausan los derribos. El mismo tribunal remite al Ministerio de Cultura una denuncia por expolio en El Cabanyal para que resuelva.El 29 de diciembre, pocos días antes de entrar en 2010, El Ministerio de Cultura, presidido por Ángeles González Sinde, resuelve la consulta y declara expolio el plan en El Cabanyal. Las demoliciones y expropiaciones quedan suspendidas. Barberà no acepta la resolución y se reúne con la dirección del PP autonómico. Nueve días después de declarar el expolio, el equipo de Camps presenta un Decreto-ley de urgencia –que se tramita como ley de forma inmediata–, por el que se retira la condición de BIC a El Cabanyal y se autorizan los derribos. La respuesta del Gobierno, el 29 de enero de 2010, es un recurso de inconstitucionalidad que es aceptada por el Tribunal Constitucional (TC) 10 días después.
El equipo de Camps, en un intento de resolver el asunto sin el TC, deroga el Decreto-ley y hace una nueva Ley por la que se autorizan todas las “actuaciones arquitectónicas” del Plan, que señala además que no podrá verse afectado por las negociaciones con otras Administraciones Públicas. Esta ley entra en vigor el 6 de abril y el 7 se procede a los primeros derribos.
Miembros de Salvem el Cabanyal, distintos partidos de la oposición, ciudadanos y vecinos del barrio se concentran en uno de los primeros edificios a demoler. Pasado el mediodía, la policía retira a los manifestantes por la fuerza, lo que genera escenas de mucha tensión. Entre los manifestantes arrastrados por la policía están Marga Sanz, entonces coordinadora de EUPV y Mónica Oltra, diputada de Compromís que asegura denunciará la agresión por parte de las fuerzas de seguridad. Al día siguiente las cargas se intensifican, con Unidades de Intervención Policial equipadas. Dos personas resultar heridas, otras dos detenidas y los políticos asistentes vuelven a declarar la intención de denunciar la actuación.
Según el ayuntamiento, las cargas son provocadas por grupos de jóvenes violentos ajenos al barrio. El gobierno abre expediente por las cargas policiales el día siguiente y el Ajuntament se ve obligado a suspender los derribos, que nunca se llegarán a renaudar ya.
Un mes
El 17 de enero de 2011 Ajuntament de Barberà y la Generalitat de Camps presentan una querella en el Tribunal Supremo en la que acusan a la Ministra de Cultura, Ángeles Acebes Sinde, de prevaricación por sus actuaciones en El Cabanyal. En septiembre, con el comienzo del curso político, vuelve El Cabanyal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima la querella contra la ministra Acebes y los derribos siguen pausados.Hasta su cuarta legislatura y en la quinta de forma más modesta, las ovaciones a Barberà cada vez que salía al balcón del Ajuntament para ver la mascletà eran comunes. En la sexta, sin embargo, las ovaciones se convierten en abucheos; bajo el balcón de concentraba la ‘Intifalla’, que reclamaba desde el fin de recortes hasta la derogación del plan de El Cabanyal.
El 25 de mayo de 2015, las fuerzas progresistas ganan a la derecha en el ayuntamiento de València. Barberà deja la alcaldía tras 24 años en el poder, se forma La Nau y se inviste a Joan Ribó como nuevo alcalde. Sólo un mes después de la conformación de gobierno, se deroga el plan de Barberà para el Cabanyal.
El nuevo plan de El Cabanyal-Canyamelar, tras retrasos y cuatro años de trabajos, está en marcha. El nuevo gobierno formado tras las elecciones del 26M lo tiene listo para aprobar tras acabar todo el proceso de alegaciones y exposición pública. Aún con reticencias de vecinos y con puntos que, señala, deberían mejorarse -como la altura de los nuevos edificios-, la destrucción del barrio ha desaparecido en pro de su restauración y conservación.