Una denuncia del asesor del Partido Popular, Luis Salom, ha llevado al Alcalde de Valencia, Joan Ribó, ante el juez. El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia abría diligencias contra Ribó por presuntos delitos de prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos por, según la denuncia del asesor del PP, negar a la oposición la información respecto a la encuesta sobre la percepción del colectivo fallero que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, presentó en 2017. Así, Ribó ha sido citado a declarar, esta mañana, en calidad de investigado.
A su salida, Ribó ha explicado que ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal, pero que se ha negado a hacerlo con las acusaciones, tanto del asesor municipal, como de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia y del partido a nivel autonómico. Y es que el PP, en un intento de apuntarse otro tanto ante Génova, se ha personado como persona jurídica para ejercer la acusación particular contra el Alcalde de Valencia.
Ribó se ha mostrado muy tranquilo porque ‘se trata de una denuncia con clara voluntad política’, y ha recordado que el mismo que ha presentado la denuncia es el que ‘está investigado por el presunto pitufeo del caso Taula’, el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el grupo municipal popular. Asimismo, ha añadido que Luis Salom ha presentado una veintena de denuncias ‘hasta ahora todas archivadas, y espero que esta también’.
En cuanto al motivo que ha llevado a Ribó a declarar ante el juez, el Alcalde de Valencia ha explicado que ‘lo que se investiga en esta causa es algo del mundo administrativo. Los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del Alcalde y los concejales son los mismos que estaban cuando gobernaba el PP. ¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente’. Asimismo, ha añadido que, en algunos casos, ‘el reglamento prevé que se puede retrasar dar la información solicitada cuando, por ejemplo, no está acabado un expediente. En este caso, se hizo para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos’.
Por su parte, el abogado del PPCV, Jorge Carbó, ha explicado que ‘no hay ninguna justificación para que se retrase el acceso a un expediente electrónico. Ribó decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del Ayuntamiento cuando el escrito de alegaciones ante Protección de Datos ya estaba presentado, y la estrategia ya era conocida por el órgano administrativo. Consideramos que no quiso facilitar la información al grupo municipal popular para evitar que pueda hacer una labor de oposición’.