La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha sido contundente: "En la Comunitat Valenciana no vamos a esperar a que la situación empeore porque se trata de evitar que el virus siga transmitiéndose". De esta manera, ha anunciado que, en las próximas horas, estará preparada la resolución para la restricción de movimiento, que entrará en vigor cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo apruebe, y se extenderá hasta el 9 de diciembre.
Barceló ha explicado que las medidas que van a adoptarse estos próximos días están tomadas de acuerdo a los datos epidemiológicos de los últimos días. Así, ha declarado que "estas restricciones de movilidad responden a estudios epidemiológicos, no tienen que ver con la política, ya que el principal objetivo es proteger la salud de toda la población".
Los datos epidemiológicos demuestran un avance de los contagios, ya que "en dos semanas, ha aumentado un 45% la incidencia y que, a lo largo del mes de octubre, las personas hospitalizadas han crecido un 97%, y las personas ingresadas en UCI, un 65%. Hemos llegado a 2.189 hospitalizados, en las últimas horas tenemos 766 personas ingresadas. Llegamos a 386 personas en UCI, hoy tenemos 117 en las UCI, por lo que estamos todavía lejos de los peores momentos de la pandemia, pero no queremos volver a esa situación".
De esta manera, el toque de queda en la Comunitat Valenciana será desde las 00:00 hasta las 06:00 horas. Junto a esta medida, se anunciarán otras de refuerzo que, como especificaron en la comparecencia de ayer, no estarán relacionadas con el cierre de bares, pero sí con el control del popular ‘tardeo’.
Así, durante el toque de queda solo podrán transitar por la calle aquellas personas que vayan a trabajar, que tengan una urgencia médica o que se desplacen para atender a personas dependientes. La medida busca limitar el principal foco de contagios: las reuniones de carácter social, los botellones y las fiestas privadas, que atentan contra la salud del conjunto de la ciudadanía.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha encargado a la Abogacía de la Generalitat y a la conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública la elaboración de esta resolución, que será remitida al TSJCV para su validación, con el fin de que pueda hacerse efectiva en los primeros días de la semana próxima.