El anteproyecto de la Ley de Función Pública apunta, sin detallar los niveles específicos, que los funcionarios de la Administración Autonómica deberán tener conocimientos de la lengua propia. Se reconocerá así el derecho recogido en el Artículo 9.2 del Estatut d'Autonomía: "Los ciudadanos valencianos tendrán el derecho a dirigirse a la Administración de la Comunitat Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada".
Un derecho que desde Compromís quería garantizarse lo antes posible. Por ello, aunque en la Ley se detalla un plazo de seis meses para la redacción de un reglamento que establezca los requisitos, a su propuesta se redactó una disposición que asegurara su entrada en funcionamiento: si tras un año no hubiera reglamento, entrarían unos requisitos establecidos en vigor.
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, la socialista Grabriela Bravo, recogerá la advertencia del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que, aunque de manera no vinculante, aseguraba que abría la puerta a un "posible incumplimiento por parte del Consell de su obligación"; se establece un plazo de seis meses pero se contempla un año para la aplicación automática.
Según fuentes de la Conselleria, Bravo ha expresado su intención de llevar el proyecto "para su aprobación en el Consell" con la aplicación de las recomendaciones del CJC: "La intención es regularlo -el requisito- por el reglamento que dice la Ley. El Consell debe aprobar el texto y, luego, se pasa a su debate en las Corts". Desde Compromís, sin embargo, dicen que el CJC no pide en sí la eliminación, y que se puede modificar la disposición para mantenerla.
Del elemental al superior
La redacción de la Ley de Función pública lleva en marcha tiempo, y se volvió un arma electoral tras conocerse, en marzo de 2017, el detalle del requisito lingüístico de forma generalizada en la administración. Una intención usada por PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox para acusar al ejecutivo valenciano de un supuesto 'procés' valenciano, con posiciones contrarias a lo reflejado en el Estatut: "Pedir el requisito del valenciano a los funcionarios es seguir el juego al independentismo", aseguró la popular Isabel Bonig.La aplicación automática ya eliminada recogía unos requisitos generales por tipo de funcionario, no por puesto de trabajo, algo también señalado por el Jurídic. Para los grupos A1, A2 y B se establecía un C1 -Certificat Mitjà-. Para el nivel de funcionariado C1, se planteaba el B2; para el nivel B1 el C2 -Superior de Valencià-. Para las agrupaciones profesionales 'funcionariables', el elemental -A2-.
La nueva norma, que será aprobada por los 52 consellers progresistas del hemiciclo valenciano, deberá desarrollar un reglamento en el que detalle el conocimiento lingüístico de valenciano para cada sector funcionarial. Aunque será algo general, este requisito no se aplicará en el ámbito sanitario -médicos, enfermeros...-, pues prevalece el 'derecho a la Salud'.