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El requisito lingüístico centra la disputa por la futura Ley de Función Pública valenciana

PP, Ciudadanos y VOX se unen en bloque contra la propuesta del Botànic de tener un nivel de conocimiento de valenciano exigible para entrar como funcionario

El requisito lingüístico centra la disputa por la futura Ley de Función Pública valenciana
02/03/2021 -

La que puede ser la futura Ley de Función Pública valenciana lleva atascada varios años en el sí de les Corts, pues el requisito del valenciano para acceder a la administración no para de dividir tanto a los partidos del Botànic como a los de la oposición. Si primero esta división se dio en su planteamiento, ahora también se da en el debate de enmiendas. No obstante, ahora la oposición al Botànic, es decir el Partido Popular y Ciudadanos, ya no lo hacen ‘a ciegas’, sino que aportan alegaciones en coincidencia con una protesta del sindicato de funcionarios CSI·F. Mientras tanto, PSPV, Compromís y Unides Podem recuerdan que el requisito lingüístico del valenciano en sí, se regulará en un reglamento posterior, a lo que PP, Cs y Vox cuestionan, en bloque, que sea necesario y advierten que muchos trabajadores se quedarán fuera.

La Ley de Función Pública ya quedó como pendiente al finalizar la pasada legislatura, pero, al hilo de esto, el texto legal ha pasado por la comisión de Justicia sin cambios sustanciales tras más de un año desde que la Generalitat la aprobara antes de la pandemia, con la previsión de que salga próximamente adelante en el pleno de les Corts.

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Y es que la controversia de esta Ley se configura en cuanto a las enmiendas, alcanzando el total de 379. Al respecto, el Botànic no se rinde, los del gobierno, el PSPV, Compromís y Unides Podem, han aceptado con su mayoría algunas como una del PP, modificada por Compromís, para que los funcionarios en prácticas no dejen de percibir complementos previos o trienios reconocidos o otra que regula el hecho de que los funcionarios puedan optar al teletrabajo de forma voluntaria, dar un máximo de un año para establecer un reglamento de provisión de plazas para discapacitados, agilizar la cobertura de bajas o publicar el texto de los temarios de exámenes en la web de Conselleria.

No obstante, las disputas se siguen centrando en un único asunto, el requisito lingüístico del valenciano, en el que la oposición hace hincapié en que es el “único objetivo” del Botànic para entrar a la administración, pero que desde Compromís, la diputada Nathalie Torres tacha de “sectario” el voto en contra a esta ley por parte de PP, Ciudadanos y VOX.

La posición de la formación de Cantó, Ciudadanos, es clara, y así la ha manifestado su portavoz en la Comisión de Justicia de les Corts, Vicente Fernández, criticando que “pretenden utilizar la Ley de Función Pública para llevar a cabo una imposición lingüística del valenciano en la Administración”, algo con lo que coincide el Partido Popular. Al respecto, el partido de Isabel Bonig ya ha anunciado que eliminará el requisito lingüístico de la Ley de Función Pública “cuando gobierne en la Comunitat”. En este sentido, la formación popular, que ha presentado hasta 209 enmiendas, critica que el requisito se ha negociado con “nocturnidad” y que “la batalla entre la Conselleria de Justicia y Educación finalmente la haya ganado Compromís” porque la dirección general de Política Lingüística deberá emitir un informe favorable. “Es la ley de Compromís y el PSOE está jugando el papel del tonto útil”, ha criticado José Antonio Rovira, portavoz del PP en la misma comisión donde se debate esta normativa.

Por la parte del gobierno, los socialistas defienden que las aportaciones de los sindicatos en la fase de alegaciones están incorporadas a lo que reprochan al PP tener “complejo de cangrejo” por volver a su ley de 2010, a lo que a socialista Rosa Peris llama la “cayetanización“, recordando que en Galicia gobiernan y también hay requisito.

La formación naranja de Compromís defiende que en el territorio valenciano es necesario equiparar valenciano y castellano en la administración y que está avalado jurídicamente, una cuestión justificada ante las insistencias de la oposición, a lo que Nathalie Torres ha recalcado que “no podemos cambiar la realidad de que las lenguas no parten de la misma situación“. A esto, Torres, muy dura niega que haya imposición lingüística o que sea una “extravagancia” algo que funciona en otras autonomías.

Por su parte, los morados y las moradas de Unides Podem, se muestran partidarios de cubrir las plazas por oposición y que “se profundice en el teletrabajo” y que esta modalidad “sea reversible salvo en situaciones excepcionales para garantizar el derecho a la desconexión digital”, defiende su portavoz adjunta Estefania Blanes.

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