Han pasado tres meses desde que se aprobó la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión, en a la que la Generalitat prevé invertir cerca de 88 millones de euros este ejercicio. Sin embargo, esta no se empezará a aplicar hasta el día 22 de abril, tal y como fijaba la norma. Pero para que entre en vigor, es necesario que se apruebe el decreto que la regula, por lo que el Consell de la Generalitat ha acordado tramitarlo por la vía de urgencia.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, quien ha recalcado que esta nueva renta pretende "Mejorar las cuantías económicas, la gestión, la duración en el tiempo y los procesos de inclusión y de posibilidad de un proyecto de vida a las personas que han sido excluidas de esta sociedad".
Hay que recordar que uno de los grandes avances de esta norma es que unifica múltiples ayudas y simplifica la burocracia a la que se han de enfrentar los beneficiarios de estas. Además, estas ayudas tendrán carácter indefinido, frente al límite de 3 años que establecía la actual renta garantizada de ciudadanía.
Por otro lado, para acceder a ella será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, y amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años, a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Pero lo más relevante es la cuantía. Y es que a partir de ahora, se calculará en relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente la renta garantizada de ciudadanía era de 385, pero la nueva prestación asciende a 515 euros en el caso de un titular y a 706 para cada unidad familiar de cuatro personas, por ejemplo.
Asimismo, la ley establece, como novedad, la eliminación de la distinción entre entidades municipales colaboradoras y no colaboradoras, apostando por la municipalización en la instrucción, tramitación y seguimiento de la prestación de renta de garantía en sus dos modalidades.