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La Renta Valenciana de Inclusión es uno de los programas estrella de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en su apuesta por el rescate de personas. Una renta que tiene como objetivo la adquisición, por derecho, de una prestación para poder tener una vida digna. Una renta que se ha dividido en cuatro modalidades de prestaciones, en función de la situación de vulnerabilidad de cada persona, y que sigue desarrollándose con la entrada en vigor de la renta complementaria de ingresos por prestaciones.
La Renta Valenciana de Inclusión contempla un total de cuatro modalidades, que están entrando en vigor, de manera escalonada, desde que en 2017 se aprobaba esta norma. Así, la ciudadanía valenciana ya podía presentar la solicitud para adquirir la renta de inclusión social, así como la renta de ingresos mínimos. Pues bien, a partir de ayer, 23 de abril de 2019, entra en funcionamiento la tercera de estas cuatro modalidades: la renta complementaria de ingresos por prestaciones, que tiene como objetivo reconocer una prestación económica periódica, que complemente otras prestaciones de cuantías inferiores.
Una nueva modalidad de prestaciones que podrán solicitarla todas aquellas personas que sean beneficiarias de pensiones no contributivas por jubilación o invalidez, excepto si tiene complemento de tercera persona o está compatibilizada con el trabajo; las personas beneficiarias de las pensiones del Fondo de Asistencia Social; o las beneficiarias de la renta activa de inserción por violencia de género, excepto si está compatibilizada con el trabajo.
Aun así, la Renta Valenciana de Inclusión todavía contempla una cuarta modalidad, la renta complementaria de ingresos por trabajo, que no entrará en vigor hasta 2020. Sin embargo, esta herramienta se ha convertido en un programa innovador de protección a las personas más vulnerables. Así, además de ser una ayuda indefinida, siempre y cuando persista la situación de vulnerabilidad, la Renta Valenciana de Inclusión garantiza, el acceso directo, a otro tipo de ayudas básicas y necesarias, como las becas de educación infantil, las becas de comedor escolar, la sanidad universal o la prestación farmacéutica y ortoprotésica, entre otras.
Asimismo, también contempla el incremento de la cuantía para ayudar a hacer frente a los gastos del alquiler o de la hipoteca, así como a los gastos de los suministros básicos, como son la luz y el agua. "La Renta Valenciana de Inclusión ha puesto la primera piedra de un nuevo modelo social que no quiere dejar atrás a nadie", explicaba Oltra. Con esta renta, “la Comunidad Valenciana estará entre las cinco con más cobertura del Estado español y supondrá un paso más en el modelo de economía social que impulsa el Consell del Botànic”.
La nueva modalidad de prestaciones ya se puede solicitar en los correspondientes ayuntamientos municipales. Los requisitos genéricos que deberán cumplir las personas solicitantes son: ser mayor de 25 años, de 16 si se tienen personas a cargo o de 18 en el caso de que se haya tenido un trabajo remunerado de al menos un año; no tener un patrimonio por valor de siete veces la cuantía máxima anual de la renta valenciana de inclusión, sin contar la vivienda habitual; y contar con un año de residencia en la Comunitat Valenciana, o haber vivido aquí 5 de los últimos 10 años, salvo víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual, personas refugiadas, asiladas y desplazadas forzosamente.
Asimismo, los ingresos de la persona beneficiaria de alguna de las prestaciones complementarias no deberán superar las cuantías anuales, sin contar la propia prestación ni otras ayudas sociales como la dependencia, de 1.919,80 euros en el caso de la prestación no contributiva, de 2.097,04 euros en la FAS y de 2.396,76 euros en la RAI.
La Renta Valenciana de Inclusión está desplegando, hasta 2020, sus modalidades de prestación, que van acorde al presupuesto. Así, si en 2018 se destinó un presupuesto de 88,5 millones de euros, en 2019 ha contado con 262,6 millones de euros, que subirán a 298,9 millones de euros en 2020. En este sentido, se espera que esta ayuda llegue a 94.200 titulares, llegando a beneficiar a un total de 230.790 personas.