- Así será el nuevo plan del Cabanyal: seis aparcamientos, zonas verdes y más viviendas VPP
- Portuarios no es un bloque, es una comunidad
El pasado mes de abril, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio creaban una comisión, formada por representantes de la Generalitat, el Plan Cabanyal, el Ayuntamiento de Valencia y representantes vecinales, con el objetivo de valorar las diferentes actuaciones que se podrían llevar a cabo en los Bloques Portuarios. Durante este proceso, se han solicitado informes técnicos para evaluar el estado del edificio y, finalmente, meses después, la decisión final, que decidirá el futuro del bloque de Portuarios del Cabanyal, se pondrá encima de la mesa en las próximas semanas.
En el aire, dos alternativas: la rehabilitación del bloque de edificios o su derribo y posterior construcción. Cabe recordar que el anterior plan urbanístico del Cabanyal condenaba a la desaparición a este bloque de viviendas. Sin embargo, ya ha quedado totalmente descartado la opción de derribar el bloque para la creación de un espacio verde.
Sobre la mesa, en este caso, dos informes: el elaborado por la empresa pública Aumsa, encabezada por Vicent Sarrià, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que declara el estado de los edificios en situación de ruina técnica, abogando, así, por el derribo y reconstrucción, frente al de València en Comú, firme defensor de la rehabilitación del Bloque de Portuarios, que no solo defiende una buena estructura del edificio, sino que plantea un proyecto de rehabilitación mucho más económico -2,3 millones- que el presupuestado por Aumsa -14,3 millones-.
En esta línea, València en Comú que, desde el principio, ha liderado la oposición al derribo del edificio de Manuela Solís, más conocido como Bloque Portuarios, considera fundamental que sean los mismos vecinos que habitan en este edificio que decidan cuál es la actuación más adecuada para sus viviendas. Para ello, se ha propuesto la creación de un censo que fije la población residente en el edificio y, de esta manera, dar voz a la voluntad colectiva de los afectados.
En este sentido, y a través de un comunicado, València en Comú explicaba su defensa a un proyecto de rehabilitación “que se ajuste a la economía de las personas residentes, de manera que no se les arrastre a endeudarse y perder su propia casa en este proceso. En las diferentes rehabilitaciones, en el mismo barrio del Cabanyal, de edificios privados donde el ayuntamiento es copropietario, no se ha obligado a los propietarios a hacer una rehabilitación integral del inmueble. Las comunidades de propietarios han podido solicitar ayudas públicas para realizar las actuaciones que han considerado oportunas, dejando a su criterio el grado de intervención a realizar tanto en los edificios como en sus viviendas y siendo la administración la que se suma a la actuación como un vecino más”.
“Coincidimos con los vecinos en que si la administración plantea una rehabilitación integral, deseable pero mucho más costosa, debería asumir el sobrecoste que esta supone a los habitantes”, aunque advierten que “se debería desarrollar el proyecto de rehabilitación por fases para poder garantizar el realojo en el propio bloque, minimizando así costes y conflictos”.
Sin duda, una propuesta que también apoyan desde la Asociación Brúfol: “Estamos encantados con cualquier propuesta que vaya en la línea de apoyar a las personas que se encuentran en situación de desventaja. Es fundamental que las personas residentes en el bloque no solo tengan una seguridad jurídica en el derecho a la vivienda, sino que desde las Administraciones también se contemplen medidas sociales para este colectivo”.
Ante la posibilidad de que se opte por el derribo y reconstrucción del edificio, el portavoz de Brúfol explica, a València Extra, que “es lo que más miedo nos da. Hay más de 70 niños y niñas que se quedarían sin una vivienda. Pero, además, el plan de reconstrucción plantea la reducción del número de viviendas de 168 a 130. ¿Serán públicas o privadas? Actualmente, el parque de viviendas públicas es el que hay y, de verse reducido, muchas familias se verían obligadas a dejar el barrio. Además, todo el trabajo comunitario que estamos realizando con estas personas se iría al traste. Se trasladaría el problema a otro lugar”.