La regularización de 96 viviendas vuelve a poner el foco en el Cabanyal-Canyamelar

Un error que con el paso del tiempo se ha ido dejando hasta ahora. Es lo que ocurre en las calles Eugenia Viñes y Pavia situadas en el Cabanyal, en primera línea de playa. Las parcelas de esta zona son de propiedad municipal desde el año 1990, sin embargo, lo propiamente construido es de propiedad privada. El Ayuntamiento aprobó el pasado viernes en Junta de Gobierno Local un plan para regularizar 96 propiedades que se encuentran en esta situación.Se trata de decenas de casas situadas en una parcela que ocupa aproximadamente 244.953 metros cuadrados y que son de propiedad municipal tras una cesión del Ministerio de Obras Públicas en el año 1990. No obstante, su situación nunca se regularizó. Ahora, el consistorio ha encargado la regularización a la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, SA (PCCSA), por la condición que tiene, desde abril de 2016, de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de València.Las casas que sufren esta situación son antiguas construcciones de pescadores que terminaron convirtiéndose en edificaciones de varias alturas, en primera línea del Cabanyal. En el año 2005, el Partido Popular decidió no regularizar directamente a las concesionarias de las parcelas de propiedad municipal. Algo que, Joan Ribó dejó sin efecto en el año 2016, tras llegar a la alcaldía. Aún así, no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto en marcha un plan de actuación. "Es un proceso complejo para el que hemos tenido que llevar a cabo negociaciones específicas para los suelos de la propiedad. Todo viene de un problema administrativo", reconocía la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez.En estas propiedades el suelo es municipal, pero las alturas, lo construido, es de propiedad privada, por lo que con esta ordenación los dueños de las edificaciones podrán ejercer su derecho de propiedad comprando el solar. La idea del ayuntamiento es regularizar la situación de las concesiones existentes "con el fin de conseguir una normalización y también de la preocupación de los concesionarios (o sus legítimos herederos) que ven sus propiedades sujetas a la caducidad de la concesión", afirmaba hace unos días Isabel Lozano, concejala de Patrimonio.El coste para el consistorio asciende a los 87.000 euros sin IVA y se prevé que el encargo tenga una extensión de 8 meses. El vicealcalde, Sergi Campillo, declaraba el pasado viernes que con esta gestión se ordena "la situación particular de unos 250.000 metros cuadrados" y se consolida "el derecho de propiedad de familias de la zona, ya que la situación actual no es adecuada ni para el ayuntamiento ni para los propietarios".