La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha anunciado la presentación de recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la orden de la Conselleria de Educación que fijaba en 23 el número máximo de alumnos por aula en Educación Infantil, en lugar de 25, en 30 localidades para el curso 2017-18 al considerar que es competencia estatal.
En un comunicado, esta entidad formada por FAMPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGT PV y Escola Valenciana, ha explicado que las organizaciones coordinarán conjuntamente a través de sus servicios jurídicos las posibles acciones a desarrollar ante esta sentencia.
También estudian acciones legales contra la "indefensión que pueda generar a los centros que se puedan ver afectados" el retorno del concierto en etapas postobligatorias por las sentencias judiciales que así lo ordenan.
Representantes de la plataforma se han reunido con el conseller de Educación, Vicent Marzà, y han criticado que con esa decisión de anular la reducción de ratios "no se está pensando en la calidad educativa y la atención al alumnado y sí en hacer de la educación un negocio".
Por ello, han trasladado al conseller su postura al respecto: "Esa anulación perjudica al alumnado de la escuela pública, cuantos menos alumnos por aula, más atención, no es bien recibida", ha subrayado el portavoz de la plataforma y presidente de FAMPA-València, Màrius Fullana.
Además, ha defendido la necesidad de derogar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "ya que invalida la autonomía legal de la Conselleria de Educación y comporta interpretaciones judiciales y sentencias que favorecen a la concertada, perjudicando a la pública".