La decisión del Tribunal Supremo de obligar a los ciudadanos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no a los bancos ha provocado todo una serie de reacciones desde el ámbito institucional hasta la ciudadanía y en el caso de València, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado una movilización frente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) el viernes 9 a las 19 horas.
Jesús González, uno de los portavoces de PAH, ha criticado que esperaban que el poder judicial reconociese que este pago correspondía a las entidades bancarias "como mínimo" y que el debate girase entorno a la retroactividad de la medida. "Se trataba de reconocer que era un robo, pero la decisión ha sido una injusticia suprema", ha dicho.
La denuncia contra la resolución de que los ciudadanos tengan que hacerse cargo de este impuesto saldrá, de este modo, a la calle, con el apoyo de los Iaioflautes valencianos y otras entidades ciudadanas, según la plataforma. Pero además, contarán con la presencia de varios representantes políticos que tampoco consideran justo el que se anunció durante la tarde del martes y que se aprobó con 15 votos a favor y 13 en contra. Así lo han manifestado políticos y cuentas oficiales de los partidos en las redes sociales al conocer la noticia.
Compromís ha sido uno de los partidos que más se ha expresado sobre este asunto en las redes sociales, que califican de "secuestro de la justicia y puesta al servicio de la Banca". Así, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha manifestado a su cuenta personal de Twitter que la resolución "no decidía sobre si pagan los clientes o los bancos, sino entre Ley o poder económico" y que "gana la banca y pierde la democracia", en la misma línea de Joan Ribó, el alcalde valenciano.
Respecto a Podem, considera que es necesario "recuperar unas instituciones dignas para la ciudadanía" y que "esta sentencia vuelve a premiar a los que nos llevaron al desastre en 2008 y vuelve a perjudicar a la ciudadanía que ha cargado con el peso de la crisis sin haberla provocado". Por eso y junto con Esquerra Unida, ha organizado una manifestación frente al Tribunal Supremo el próximo sábado y se ha sumado a la convocatoria de la PAH de ayer en la Ciutat de la Justicia del Salero, a la que ha acudido la diputada de Podemos Cristina Cabedo, y del viernes.
PPCV no ha lanzado ningún mensaje en sus redes, pero sí que ha compartido la opinión del líder del partido, Pablo Casado: "Nuestro proyecto se basa al defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles. Por eso haremos una revolución fiscal cuando lleguemos al Gobierno para reducir los impuestos de la renta, sociedades, y suprimir los de patrimonio, donaciones, sucesiones y AJD".
Respecto al PSPV, tampoco se ha expresado en las redes y fue ayer cuando Pedro Sánchez anunciaba la creación de un Real Decreto-Ley para que sean los bancos quienes finalmente se hagan cargo de este impuesto y "garantizar la seguridad jurídica de las personas en un plan de inversión pero también de vida cómo es la hipoteca de una casa".
"Los españoles no pagarán nunca más este impuesto y lo hará el sector financiero"
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la formulación de un Real Decreto-Ley para que "nunca más los españoles paguen este impuesto y lo haga el sector financiero". En concreto, el Ejecutivo aprobará hoy una modificación del artículo 29 de la Ley de Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993 para que sean los bancos quienes se hagan cargo de la cuota variable de este impuesto en el caso de los préstamos hipotecarios.En este sentido, ha añadido que el Gobierno respeta la labor e independencia del poder judicial, pero que "lamenta" la decisión que ha tomado y espera que haga "una reflexión y autocrítica ante lo que ha ocurrido en las últimas semanas".
A la cuestión de si los bancos podrían cargar este impuesto a los clientes mediante otros costes bancarios y comisiones, el líder del Ejecutivo ha declarado que cree que no ocurrirá, pero que "es evidente que se abre un debate sobre si puede haber o no cláusulas abusivas por la repercusión que puede tener en esta decisión, por lo que apela la responsabilidad". Lo que quiere el Gobierno, ha dicho, es que haya una seguridad jurídica e igualdad.
Asimismo, el socialista propondrá a las Cortes la creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros, que tiene como objetivo "reforzar la protección ante grandes abusos y mejorar la capacidad de responder a posibles conflictos".