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Puig presenta la hoja de ruta para la recuperación económica de la Comunitat Valenciana

El objetivo principal es “lograr una convergencia con la renta media de España y Europa”

Puig presenta la hoja de ruta para la recuperación económica de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, junto con el director de investigación del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Francisco Pérez, y el director adjunto Joaquín Maudos, han presentado el informe para la superación de la crisis del Covid-19. “Una hoja de ruta para avanzar, en consenso, hacia una normalidad mejorada y paliar la crisis económica provocada por la pandemia”. “Tenemos que levantarnos y mirar hacia adelante para garantizar la recuperación, y, para eso, necesitamos concitar todos los esfuerzos y todas las voluntades”, ha recalcado Puig apelando, así, a la unidad entre los diferentes grupos parlamentarios.

Esta hoja de ruta para la reconstrucción de la economía valenciana marca una serie de cambios que deberán producirse para afrontar la crisis. Por un lado, será necesario tanto incorporar un conocimiento más especializado a las empresas para avanzar hacia los modelos de negocio más productivos, como mejorar el sector público. En este aspecto, Francisco Pérez ha destacado que “el sistema sanitario podría haber estado mejor preparado para afrontar la crisis, o que el sistema educativo debe avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías”.

Unos cambios que tendrán que darse para superar la crisis económica y que, además, tendrán que ir de la mano de un “horizonte financiero sostenible”. Para ello, ha apuntado, será imprescindible dar solución a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana durante muchos años “y de forma injustificada”. Y es que el objetivo principal de este informe, ha señalado el president de la Generalitat, no es otro que “lograr una convergencia con la renta media de España para llegar a una convergencia con la renta media de Europa”.

Acciones

A corto plazo, se establece la necesidad de aplanar la curva de contagios y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario; sostener el empleo y el tejido productivo; proteger los ingresos de los más perjudicados y mantener y reforzar la capacidad de pago de las administraciones públicas valencianas.

A medio plazo, se propone volver a generar ingresos para que puedan seguir funcionando el sector privado y el público; evitar el riesgo que representa un endeudamiento público insostenible; mejorar la seguridad del sistema de salud; mejorar la situación de las residencias de personas mayores; adaptar la educación a las limitaciones derivadas del riesgo de contagio y combatir sus potenciales consecuencias para la igualdad de oportunidades; reforzar la capacidad de competir en el nuevo escenario globalizado, fortalecer el tejido productivo para ganar productividad e incorporar el conocimiento como palanca básica para ganar competitividad.

A largo plazo, para acortar la brecha que separa a la Comunitat en PIB per cápita y en productividad de la media nacional, es necesario abordar reformas estructurales para corregir las debilidades del tejido empresarial y del sector público. Esto requiere, en el ámbito privado, el refuerzo del capital humano y del esfuerzo inversor en intangibles, en particular en I+D de las empresas; fomentar el crecimiento de las empresas y la profesionalización de su dirección; aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad. Y en el ámbito público, se necesita la modernización de la Administración; la agilización del marco regulatorio; el refuerzo de la inversión pública y la eliminación de la discriminación financiera de la Comunitat Valenciana.

Tres grandes líneas estratégicas

El informe agrupa las respuestas a los retos de la situación creada por el coronavirus en torno a tres grandes líneas estratégicas:

– Gestionar el avance de la sociedad del conocimiento, la digitalización y el trabajo del futuro para aprovechar sus muchas oportunidades.
– Adaptar el tejido productivo a ese nuevo escenario que emerge de las tendencias de cambio tecnológicas, sociales y económicas para que sea una normalidad mejorada.
– Modernizar el estado del bienestar y la gobernanza de lo público, promoviendo un desarrollo sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, desde una perspectiva económica, social y medioambiental.

A corto plazo, considera, como ámbitos de actuación especialmente importantes, los siguientes:

– El mantenimiento generalizado de la prevención para limitar el riesgo de contagio.
– La adaptación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta a las crisis.
– La adaptación del sistema educativo a un escenario de presencia limitada en los centros y refuerzo de la digitalización.
– El fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia para responder a los retos sanitarios y del envejecimiento.
– La ampliación de la protección a trabajadores y empresas especialmente afectados por la nueva normalidad, sobre todo turísticas.
– Un programa de lucha contra la exclusión, mediante políticas activas de empleo para colectivos vulnerables.
– Un programa de aprovechamiento empresarial de las oportunidades derivadas de la COVID-19, mediante iniciativas de colaboración público-privada.
– El impulso a la digitalización de familias, pymes, microempresas, autónomos y sector público.
– El refuerzo de la I+D+i orientado a la solución de problemas derivados del COVID-19.
– La colaboración público-privada, simplificando el marco regulatorio y agilizando los procedimientos de contratación.
– El fomento de la movilidad sostenible, desde una perspectiva medioambiental y de riesgos para la salud.
– La revisión de las prioridades de gasto público, adaptándolas al nuevo escenario de necesidades.
– La reforma de financiación autonómica, para poner fin a la actual discriminación de la Generalitat.

Reformas estructurales

Además, concluye también que, una vez recuperadas la renta y el empleo, resulta necesario acometer reformas estructurales y mejorar la eficiencia de empresas y administraciones desde las siguientes premisas:

– El crecimiento basado en el conocimiento, aumentando el esfuerzo inversor en I+D+i, variando su composición para que adquieran mayor protagonismo las empresas y la inversión privada en intangibles.
– El refuerzo de la colaboración entre empresas, universidades, institutos y centros tecnológicos para realizar proyectos conjuntos que permitan superar los difíciles retos de la actual crisis y aprovechar las oportunidades.
– La mejora de los resultados del sistema educativo, la excelencia formativa y la igualdad de oportunidades.
– La digitalización del tejido productivo, desarrollando un ecosistema de empresas especializadas en productos y servicios digitales, digitalizando los modelos de negocio y desarrollando las infraestructuras 5G públicas o apoyadas públicamente.
– El fomento del emprendimiento, impulsando las vocaciones emprendedoras y simplificando el marco regulatorio para que facilite el crecimiento de las empresas.
– La internacionalización competitiva de las empresas, apoyando su adaptación a las oportunidades de la nueva normalidad y la especialización en actividades de valor añadido, con tareas más cualificadas y creativas.
– La relocalización de actividades, fomentando la colaboración público-privada para atraer inversiones que refuercen la posición valenciana en las cadenas de valor, potenciando los clústeres y parques tecnológicos.
– El fomento de la responsabilidad social corporativa (RSC) y los sistemas de gobierno corporativo profesionalizados entre las empresas valencianas, y su colaboración en objetivos medioambientales, sociales y tecnológicos.
– La reducción de emisiones y atracción de inversiones verdes, impulsando un crecimiento medioambientalmente sostenible y el aprovechamiento de sus oportunidades.
– La digitalización y profesionalización de la Administración pública, para mejorar la eficiencia en su gestión y transformar la prestación de sus servicios y la evaluación de los resultados de sus políticas.
– El saneamiento financiero de la Generalitat Valenciana para reducir su vulnerabilidad actual y reforzar su autonomía fiscal y de gasto.

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