El PSPV ha presentado una iniciativa en Les Corts en la que pide que se incremente el número de plazas de trabajos en beneficio de la Comunidad para evitar que la prescripción de las penas a cumplir por los agresores condenados por violencia machista por falta de puestos, que se incluyan cursos de rehabilitación y que se informe a las víctimas de dónde los realizarán si hay orden de alejamiento.
Así lo ha explicado a los medios la portavoz socialista de Justicia en Les Corts, Rosa Peris, que ha señalado que "a pesar de que muchos intenten decir que la Ley Integral contra la Violencia de Género es una ley que va contra los hombres y que pone prácticamente a todos en la cárcel, el 89 % no cumple ningún tipo de pena privativa de libertad", sino que la mayoría son condenados a hacer trabajos en beneficio de la comunidad.
"Hemos detectado que cuando a un maltratador se le condena a hacer trabajos en beneficio de la comunidad si en un año las instituciones públicas no ofrecen un puesto la pena prescribe", ha denunciado la diputada, que ha considerado "grave" que puedan producirse casos en los que los agresores "no cumplen absolutamente ningún tipo de condena".
Asimismo, ha apostado por que estos trabajos "no consistan solo en barrer las calles", sino que también se incorporen algunos cursos para la rehabilitación de los condenados, que en la situación actual deben hacer unos trabajos que, ha lamentado, "no son suficientes para el cambio de mentalidad que necesitamos". "Igual que la costura no empodera a las mujeres, barrer las calles no rehabilita maltratadores", ha remarcado.
Por otra parte, la proposición no de ley también apunta a la posibilidad de que las mujeres que han sufrido violencia machista y cuyo agresor tiene una orden de alejamiento, sin previo aviso, pueden encontrarse en un espacio público con su agresor porque este desempeñe cerca de la víctima estos trabajos a la comunidad.
Así, "es muy importante que se comunique a la víctima si esto interfiere en su día a día", ha afirmado Peris, y se insta a pedir al Gobierno central que se modifique la legislación para que se comunique esta circunstancia a las víctimas si su maltratador tiene una orden de alejamiento que pueda verse afectada por la realización de los trabajos.
"Estas son las tres medidas que planteamos: son posibles y son reales", ha reivindicado la portavoz socialista de Justicia, que ha recordado que "la realidad es que, salvo en casos de asesinatos y agresiones muy graves, lo máximo a lo que son condenados la inmensa mayoría de los agresores es a barrer las calles de nuestros pueblos".