La Corporación Municipal ha aprobado en la sesión del Pleno de hoy a «elaborar un paquete de proyectos, alineados con el Pacto de Reconstrucción de Valencia y con los requisitos establecidos en el Plan de recuperación para Europa para la obtención de los máximo fondos de dicho Plan». Se trata de una propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que ha contado con el apoyo de los grupos del Gobierno Municipal (Compromís y PSPV) y del PP.
El concejal de Innovación, Carlos Galiana, ha explicado que «València es ahora mismo un referente mundial en el ámbito de Ciudad Inteligente«, y ha detallado que actualmente la ciudad está trabajando con 30 países y 596 colaboradores, en 38 proyectos que suponen una inversión de 138 millones euros proveniente de fondos europeos.
La moción, que ha sido presentada por el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, parte de la línea de trabajo impulsada desde la Comisión de Reconstrucción que estuvo trabajando durante el pasado mes de mayo, y plantea «que se coordine la colaboración público-privada entre la sociedad civil, empresarial, universitaria e institutos tecnológicos con el Ayuntamiento de Valencia, para la obtención de los máximos fondos provenientes del Plan de recuperación para Europa». Asimismo, incluye «elaborar un paquete de proyectos, alineados con el Pacto de Reconstrucción de València y con los requisitos establecidos en el Plan de recuperación para Europa», e «instar al Gobierno de España para que, incluyan en el plan de reformas e inversiones estatal proyectos cuyo ámbito de actuación sea en la ciudad València».
El debate ha continuado con dos propuestas del Grupo Municipal Vox, que han concitado el rechazo de todos los demás grupos del Hemiciclo. En primer lugar, el portavoz de Vox, José Gosálbez, ha propuesto convocar a la Junta Local de Seguridad para «dar apoyo a las labores de detención, retención y repatriación de inmigrantes ilegales», «eliminar las subvenciones a ONG que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos» y reabrir los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros). La segunda propuesta del grupo ha sido la salida del Ayuntamiento de València de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y atribuir «a las diputaciones provinciales la completa asistencia a los ayuntamientos».
Respecto a la primera propuesta, el concejal de Ciudadanos, Javier Copoví, ha denunciado que «las personas migrantes son acusadas sin motivo de ir contra empleo y copar la asistencia sanitaria; y las ONG, acusadas pertenecer a mafias de explotación y tráfico de personas», y ha recordado que «la entrada y estancia irregular en un país son infracciones administrativas, no delitos». El concejal del PP Santiago Ballester, ha asegurado «entender el fondo de la moción», y su compañera Marta Torrado ha subrayado que «la inmigración han de ser flujos ordenados, legales y seguros, regulados por la UE, y debe basarse en el principio de la solidaridad». Por su parte, el concejal delegado de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha asegurado que la moción de Vox «no aporta ni un solo dato que fundamente su discurso», y ha informado de que desde el pasado año, « la llegada de inmigrantes por mar al Estado se ha reducido en un 40%; y en un 53% si solo se habla de la península y Baleares». Cano ha calificado la moción de «vomitiva porque plantean una imagen que no existe y reinterpretan los datos».
En cuanto a la moción sobre la FEMP, el portavoz de Ciudadanos ha rechazado la medida y ha asegurado que la FEMP ha sido «la voz del municipalismo español», mientras que la portavoz del Gobierno Sandra Gómez ha rehusado argumentar y ha pedido pasar a la votación de la propuesta, que ha sido rechazada por la mayoría de la Corporación.
Finalmente, el Pleno ha aprobado, con el voto a favor de los grupos que forman el Gobierno municipal -Compromís y PSPV- y del grupo Ciudadanos, y con la abstención del PP y Vox, la propuesta defendida por el equipo de Gobierno para reiterar lo acordado en el Pleno celebrado ayer con carácter extraordinario: «trabajar con responsables municipales de cualquier color político para reivindicar conjuntamente diálogo con el ministerio de Hacienda y el reparto de 5.000 millones de euros con criterios poblacionales, así como la aportación de 1.000 millones de euros en 2020 para el transporte urbano, y la eliminación de la denominada Ley Montoro del Partido Popular».
La portavoz popular, María José Catalá, que había presentado una moción previa «en defensa de la autonomía local financiera» ha asegurado que la moción alternativa del equipo de gobierno se trata de "una exposición de motivos que, en ningún momento, especifica que la reivindicación al Gobierno central es incondicional», mientras que el concejal de Ciudadanos, Rafael Pardo, ha hablado de "la dualidad existente" entre los dos partidos que conforman el equipo de Gobierno local, «que es la que condiciona la petición».