Las propuestas electorales más incendiarias

L’eliminació de l’Agència Valenciana Antifrau o una llei que permeta la tinença d’armes a casa, algunes de les propostes més polèmiques

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A punto de entrar de lleno en plena campaña política, las distintas formaciones ya han ido lanzando algunas propuestas y reformas, incluidas en sus respectivos programas electorales, que llevarían a cabo en el caso de convertirse en la fuerza política que más apoyos reciba, tras el 28-A. Propuestas que, en ocasiones, han incendiado las redes sociales y han levantado críticas entre los partidos contrarios. Por eso, en València Extra, hacemos un repaso por las medidas más polémicas de las últimas semanas.

Contra las medidas anticorrupción

Los candidatos de las dos principales formaciones de la derecha valenciana, Isabel Bonig (PP) y Toni Cantó (Ciudadanos) han sido protagonistas, en los últimos días, por sus propuestas de eliminar dos de las principales medidas que desde el Govern del Botànic se han puesto en marcha para luchar contra la corrupción.

Así, mientras la líder del PP prometía la eliminación de la Agencia Valenciana Antifraude porque, a su parecer, no es necesario dedicarle un organismo independiente, sino reforzarlo con mecanismos internos de la Generalitat, como la abogacía, el líder de Cs, Toni Cantó, aseguraba que, en caso de llegar a la presidencia del Consell, pondría fin a la Conselleria de Transparencia, encargada de la dirección y ejecución de la política de transparencia, participación ciudadana y responsabilidad social de la Administración, por considerarla también innecesaria.

Unos anuncios que trajeron cola, y que propiciaron que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), pidiera explicaciones sobre por qué “no se lo quieren poner difícil a los ladrones y a los corruptos”. De esta manera, apuntaba que “las formaciones políticas que quieren eliminar la prevención contra la corrupción, igual tienen sus razones”.

“A las armas”

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha incendiado las redes con su petición de llevar a cabo “un cambio radical urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma en su casa que puedan utilizar en situaciones de amenaza real para su autodefensa”.

En este sentido, el cambio de 180º que se propone desde la formación ultraderechista sería, nada más y nada menos, que “los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, y usarla en situaciones de amenaza real para su vida”, sin que ello conllevara a tener que “enfrentarse a un infierno judicial”.

Para Abascal, “la ley está tratando a las personas como villanos, y a sus asaltantes como víctimas, cosa que también ocurre con los okupas. A nosotros, esto nos parece dramático”.

La revolución fiscal de Bonig

Isabel Bonig lo tiene claro. De ganar las elecciones, una de sus primeras medidas sería reducir del 10 al 6 y 8% el impuesto de acceso a la vivienda, según el precio. Y es que como explicaba el portavoz de Economía del Partido Popular, Rubén Ibáñez, estaríamos hablando de “una revolución fiscal sin precedentes a nivel autonómico y nacional. No se trata solo de frenar la subida de impuestos, sino de eliminar algunos de un plumazo, bajar otros e incentivar determinados aspectos para ayudar a salir adelante a aquellos con menos recursos”. En definitiva, “con Puig, los valencianos pagan 3.080 millones de euros más en impuestos. Con la revolución fiscal de Bonig, el dinero estará en el bolsillo de la gente”.

Ahora bien, la Comunidad Valenciana, una de las autonomías que más infrafinanciación sufre por parte del Gobierno central, dejaría de ingresar, aproximadamente, 820 millones de euros, lo que le obligaría a depender, en mayor medida, de la financiación estatal.

De esta manera, el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, a través de un comunicado, criticó esta “revolución fiscal de Bonig” porque “llevaría a la destrucción del Estado autonómico”. Asimismo, añadía que “no hay valencianos y valencianas con ingresos de menos de 20.000 euros que paguen impuestos. Parece una broma que Bonig crea que no nos acordamos que quien subió el impuesto de transmisiones patrimoniales fue, ni más ni menos, que el PP en un Consell en el que estaba Isabel Bonig”.

Adiós, derechos

Vox ha sido noticia por sus constantes anuncios de eliminar los que ellos tildan de “leyes de ideología de género”, es decir, el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género o la Ley LGTBI. Así, Vox Valencia no solo promueve la sustitución de uno de los pactos contra la violencia machista, que ha sido pionero en cuanto a la protección tanto de la víctima como de sus hijos e hijas, por una Ley de Violencia Intrafamiliar, sino que han asegurado que “en las escuelas se adoctrina con la Ley de Identidad Sexual desde Infantil”.

A esta supresión de derechos, se le sumaría la que anunciaba, hace tan solo un par de días, el extorero Vicente Barrera que, en un debate organizado en el Ateneo Mercantil, adelantó una serie de medidas que Vox defenderá en su programa electoral, y entre las que se encuentra la prohibición de cualquier tipo de manifestación, a menos de 500 metros de los cosos taurinos, en los días en los que se celebren los festejos. Así, Barrera defendió la libertad de los antitaurinos, pero “no para prohibir, no para convertirme en un delincuente, no para que mi hija se avergüence de decir que su padre era torero”.

Asimismo, Barrera también criticó que Compromís proponga un referéndum en los pueblos para decidir la continuidad de los ‘bous al carrer’. Para justificar su crítica no dudó en afirmar que “lo de los referéndums es una vergüenza. No se puede votar todo. ¿Podemos preguntar a la gente si Compromís se puede presentar a las elecciones? La libertad no se puede votar, como no se puede votar si queremos inmigrantes en el pueblo”.

Casado y la Ley de Apoyo a la Maternidad

Sin duda, ha sido una de las polémicas más destacadas de las últimas semanas, que provocó las críticas más duras tanto por parte de la ciudadanía, como por las y los portavoces de los diferentes grupos políticos. Y es que, en su propuesta de Ley de Apoyo a la Maternidad, el Partido Popular a nivel estatal proponía retrasar la expulsión de las mujeres sin papeles, que decidieran dar a su hijo en adopción. En este caso, esta mujer quedaría “blindada temporalmente para gozar de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular”. Tras dar a luz, las mujeres volverían a estar expuestas a que se pusiera en marcha el expediente para su expulsión.

Esta propuesta generó tanto revuelo que incluso el PP envió un comunicado rectificando la información inicial, y asegurar que “es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen a sus hijos en adopción”, aunque en la propuesta sí que se refleja ese “blindaje temporal”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Así, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, calificó de “repugnante esta mezquindad. Me repugna que seáis capaces de verbalizar esta barbaridad”, mientras que la concejala de Vivienda por València en Comú concluía su tweet con la frase “Pablo Casado, el hombre que odia a las mujeres”.

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