Podem ha propuesto reformar la Ley de estatuto de expresidentes de la Generalitat Valenciana y con ello, ha provocado todo un revuelo de reacciones entre los diversos partidos políticos. Y es que Compromís, Podem y PSOE se han dividido sobre la cuestión de qué privilegios puede tener un antiguo presidente.
La primera de las líneas que contempla la iniciativa de Podem es la de eliminar la oficina a disposición de los expresidentes y los dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y un chófer personal.
A ello se suma la reforma para que los expresidentes sean miembros del Comité Económico y Social (CES) en vez del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y ofrecer la posibilidad de la revocación parlamentaria cuando existe una condena firme por delito contra la administración pública ocurrida antes, durante o después de su mandato.
Además, se propone que en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta reforma los exmandatarios que se hubieran acogido a los derechos fijados en la ley anterior deberían presentar una memoria justificativa de la dotación presupuestaria para su oficina de apoyo a Les Corts para rendir cuentas.
No obstante, las enmiendas presentadas por el PSPV y el PP se han aprobado con la abstención de Compromís y Podem, por lo que se han eliminado los artículos sobre el CES, se ha introducido otra vez la oficina de apoyo y los dos puestos de trabajo y seguridad, aunque los expresidentes deberán dar cuentas en un informe anual de actividades.
En este sentido, PSPV ha defendido la "dignificación" de estas personas y ha rechazado tomar decisiones "revanchistas, de castigo". Así, Manolo Mata ha respondido que el estricto régimen de incompatibilidades “imposibilita que cualquier expresidente pueda trabajar a no ser que sea funcionario y vuelva a su plaza” y él no es partidario de indemnizarles “por no hacer nada”, sino que cree mejor que estén en el CJC y den cuenta de los medios de los que hacen uso.
Sin embargo, sus socios del Botànic consideran que no cumplen con lo que acordaron para firmar su pacto y quieren acabar con estos privilegios, por lo que votarán en contra en el pleno si el articulado se mantiene.
Fabiola Meco, de Podem, ha reiterado que no es un tema que vuelva a llevar a Les Corts por "obsesión", sino porque con la actual legislación se ha gastado 1 millón de euros solo hasta febrero de este año, "una barra libre sin rendición de cuentas". Además, considera necesario tomar una decisión para "evitar presidentes indignos y condenados que sigan lucrándose a costa de los valencianos".
Mireia Mollà, diputada de Compromís, ha defendido que los expresidentes puedan poner al servicio de la sociedad su experiencia y conocimientos en el CES pero ha matizado que la discrepancia es “que en el CJC y en el CES no. La cuestión es la retribución y las prerrogativas del CES” y ha instado a abrir el debate sobre “el trato económico” que se le puede dar a un expresidente.