La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha anunciado hoy que el PP de la ciudad de Valencia se suma al manifiesto de la plataforma Más Libres, Más Plurales y Más Iguales en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
Catalá ha explicado que "el PP defenderá en el próximo Pleno, a través de una Moción, que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación a paralizar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) en aras de encontrar un acuerdo con la comunidad educativa.
La portavoz coincide con el alegato de esta plataforma en que la reforma de la ley "restringe la libertad de los padres en la educación de sus hijos y atenta contra pluralidad de nuestro sistema educativo, atacando al modelo de educación concertada -ampliamente respaldada por las familias de nuestro país- y rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución".
"Ante los ataques a la libertad de los padres para elegir loscentros educativos en los que se formen sus hijos, y ante la voluntad política de acabar con la educación concertada, no podemos permanecer impasibles, y debemos mostrar abiertamente nuestro total respaldo a las AMPAs, a las asociaciones de colegios concertados, a la Mesa de la Educación en Libertad y a la plataforma Más Plurales, Más Libres y Más Iguales, en su defensa de un modelo educativo que sólo en Valencia ciudad supone más del 50% de la oferta elegida por los valencianos", ha destacado.
La Moción que impulsarán los populares en el Pleno destaca que "la propuesta de acuerdo en el Congreso entre PSOE, Unidas Podemos y ERC incluye la eliminación el castellano como lengua vehicular de la Educación, una discriminación y un atropello más de nuestra Constitución en cuyo artículo 3 se recoge que el castellano es lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocerla. Existen, además, sentencias que han dejado claro que el castellano debe usarse en una «proporción razonable» en la enseñanza en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial. El Tribunal Constitucional ha afirmado que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares".