El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha señalado este martes que el estado de alarma decretado a raíz de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 "no ampara" al Govern del Rialto, el ejecutivo de la ciudad que conforman Compromís y PSPV, "para obstruir la labor de la oposición" en el consistorio.
A este respecto, la portavoz del grupo municipal 'popular', María José Catalá, ha señalado que el gobierno local "podría estar vulnerando el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Ayuntamiento a través de sus representantes democráticamente elegidos al no contestar en tiempo y forma a las preguntas planteadas por los concejales del PP a las delegaciones del gobierno municipal y a la Alcaldía".
El PP ha pedido a la Secretaria General y del Pleno que "advierta al gobierno municipal de sus obligaciones respecto a las solicitudes de información y demás funciones de la oposición", así como de "la infracción constitucional que supone bloquearlas" y de que "el artículo 23 de la Constitución no está suspendido ni afectado por el estado de alarma, con todo lo que ello supone y las responsabilidades en distintos órdenes que se derivan de su incumplimiento".
Catalá ha comentado, "como ejemplo del obstruccionismo" del ejecutivo municipal a su grupo, el escrito que registró "el pasado 1 de abril" para solicitar "información, tanto al alcalde de València --Joan Ribó-- como al concejal de Hacienda --Ramón Vilar--, sobre 'Emisión a los bancos de remesas de recibos domiciliados del IBI 2020', respecto a la medida anunciada por el gobierno municipal de ampliar el periodo de pago voluntario por causa del Covid-19".
La edil ha censurado que "la respuesta que recibió a esta solicitud de información, firmada por el concejal de Hacienda", fue que se respondería "en el momento que otras tareas más urgentes lo permitan".
"En relación a su nota interior de fecha 01 04 2020, les comunicado que, como ustedes sin duda tienen conocimiento, existe una situación especial motivada por el estado de alarma, por lo cual procederemos a la contestación a su pregunta en el momento que otras tareas más urgentes lo permitan", indica el PP que fue la contestación.
"Esta contestación supone un desconocimiento absoluto, o infracción deliberada, de la configuración constitucional de estado de alarma, que en el artículo 116 de la Constitución establece concretas garantías", ha manifestado Catalá.
Entre ellas, el PP ha destacado "que el funcionamiento de las Cámaras, así como el de los demás poderes constitucionales, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados (artículo 116.5)" y ha dicho que eso "incluye la obligación de responder preguntas y solicitudes de información".
Igualmente, los 'populares' han apuntado que "su declaración no modifica el principio de responsabilidad del gobierno y sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes (articulo 116.6)". "No se pueden suprimir o bloquear las funciones propositivas y de control a ningún gobierno, ni al nacional, ni por supuesto, tampoco al municipal", ha aseverado Catalá.
La portavoz del PP ha agregado que "no se pueden paralizar, ni de derecho ni de hecho como se ha venido haciendo estas semanas por el gobierno municipal, la actuación de los miembros de la corporación local" y ha subrayado que "no se puede impedir, o dejar en vía muerta, el deber de responder en tiempo, y sin etéreas postergaciones, las solicitudes de información".
PREGUNTAS PLENO
"Hemos de recordar que el ordenamiento legal aplicable ya ha sido directamente infringido al no recibir contestación, al término de la sesión, a las preguntas formuladas, y admitidas, para el pleno de marzo. Tampoco se han contestado aún otras formuladas el mes pasado, como las presentadas ante la Comisión de Urbanismo o la de Gestión de Recursos", ha añadido María José Catalá.Con todo, ha considerado que "no es admisible la opacidad, el abuso de poder, la obstrucción a las actuaciones de los concejales de la corporación ni la mordaza 'a modo de spray paralizante' a la oposición". "Aunque no tendría que resultar necesario, hemos de poner de manifiesto que el gobierno municipal de València no está habilitado para saltarse la legalidad constitucional, ni para incumplir sus obligaciones reglamentarias", ha apuntado.
PETICIÓN CURSADA
El PP ha cursado a través de la Secretaria General y del Pleno una petición para que "que el gobierno municipal conteste las preguntas y solicitudes de información o documentación que se le formulen por los grupos municipales" y ha reclamado que sea "con carácter inmediato, sin más dilación, en término de dos audiencias o días hábiles".En esta línea, sostiene que no debería ser "en ningún caso después del 15 abril las que tenían que haber sido contestadas al término de la sesión del pleno del mes pasado, así como las formuladas ya hace semanas ante comisiones como la de Urbanismo o la de Gestión de Recursos".
Por otro lado, el PP ha pedido que los portavoces de los grupos municipales de la oposición --PP, Cs y Vox-- se integren en la Comisión de Seguimiento del Covid-19 del Ayuntamiento "a fin de recibir información inmediata y poder formular propuestas o consideraciones antes de que se tomen las decisiones".