El Partido Popular ha anunciado que llevará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el decreto de la Oficina de Derechos Lingüísticos, creada por la Generalitat Valenciana para evitar la discriminación por el uso del valenciano.
La diputada del grupo parlamentario popular, María José Ferrer, ha asegurado que esta norma es "ilegal" y no atiende las observaciones "esenciales" del Consell Jurídic Consultiu, que apuntó que se amplían las competencias a administraciones locales y estatales, cuando "hace falta un concierto para ello" suscrito previamente. Y, según la formación, no se da.
Además, la diputada del PP considera inadmisible que en la Oficina se pueda "denunciar" y el órgano pueda intervenir en las "relaciones privadas entre personas físicas y jurídicas" cuando alguien "considere que se han vulnerado sus derechos lingüísticos". No obstante, ciertamente el decreto no tiene carácter sancionador.
El Partido Popular también lamenta la existencia de un "registro de valencianos buenos y de valencianos malos" porque, a su juicio, favorece la estigmatización y es una vía "de confrontación".
Por último, Ferrer ha acusado al Consell de seguir una línea catalanista porque esta Oficina de Derechos Lingüísticos es "un copia y pega" de la Oficina de Garantías Lingüísticas catalana que sí que ha impuesto multas a comercios y que "no ha traído la convivencia pacífica".