El PP ha pedido la paralización de la ley Celaá "por inconstitucional y antidemocrática". Así lo han señalado los portavoces de Educación en el Senado, Pablo Ruz, y en Les Corts, quienes han analizado en rueda de prensa las consecuencias de la aprobación de la futura ley Celaá, "una de las leyes más radicales de toda Europa en materia educativa".
Beatriz Gascó ha explicado que "hasta ahora el PP ha hecho de muro de contención de la radicalidad lingüística en la Comunitat Valenciana. Vamos a trabajar de manera conjunta para evitar una ley que promueve una educación mediocre y radical, impuesta sin ningún diálogo, con falta de transparencia, donde las familias no tienen nada que decidir y donde quien decide son Podemos y los independentistas. No lo vamos a consentir".
La portavoz ha explicado algunas consecuencias: "nos hace retroceder a la ley de 2006, supone retroceso, mediocridad, y quitar competencias a los profesores y a las familias. Genera un sistema mediocre donde se elimina le talento, el esfuerzo, el sacrificio, y la transparencia eliminando poder medir la calidad en el sistema educativo. También elimina la demanda social".
Gascó ha afirmado que "no estamos ante el dilema de escoger un tipo de educación u otra. Esta ley afecta a toda la educación. Va a decidir en qué idioma tienen que hablar, qué tienen que pensar o a qué colegio tienen que ir. Imponen su forma de entender la lengua y una forma de entender la democracia. Si dejamos que la comunidad autónoma regule el curriculum, con Compromís en la cartera de educación, se disparará la radicalidad en los contenidos y con la eliminación del castellano como lengua vehicular. Es una ley que ataca la libertad, la elección de las familias y la pluralidad".
Beatriz Gascó ha anunciado que "el PP va a presentar una iniciativa en Les Corts, en las Diputaciones y en todos los ayuntamientos ante este recorte de derechos de una ley sectaria y radical. El texto recoge siete puntos. En primer lugar, la paralización de la Lomloe y que se le dé voz a la comunidad educativa y a los expertos. En segundo lugar, garantizar la existencia de los diferentes modelos educativos para que los padres puedan elegir. En tercer lugar, mantener el concepto de demanda social: no tiene sentido que para llenar un aula se quiera vaciar otra. En cuarto lugar, que se elimine la disposición adicional cuarta que habla del trasvase de alumnos de centros de educación especial porque siembra incertidumbre. No habría que tocar la educación especial porque funciona. En quinto lugar, no eliminar el examen de oposición para acceder al cuerpo de inspectores y mantener su independencia. En sexto lugar, velar por la igualdad y atender a sus derechos lingüísticos de recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular. Además, se solicita que la ley dé respuesta a los desafíos actuales en cuanto al aprendizaje de idiomas, digitalización o -entre otras- la reducción del fracaso y abandono escolar".
Para Gascó, "es necesario consenso y diálogo, pluralidad, neutralidad y un sistema educativo que dé respuesta a los grandes desafíos de la educación del siglo XXI".
Ruz: "El PP va a actuar como dique de contención en los tribunales"
Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Pablo Ruz, ha señalado que "la ley parte de una base errónea porque no tiene consenso, acuerdo ni participación de los técnicos, ni de la patronal ni de la comunidad educativa que son los que conocen la realidad del sistema educativo español. Si una ley no consigue concitar el acuerdo de quien protagoniza la educación es una ley condenada al fracaso".
El senador ha señalado que "estamos ante una ley que nace con voluntad de confrontación. Es indiscutiblemente una afrenta a la perdurabilidad. Juega con lo más sagrado que tiene una nación que es la educación. Ha recibido más de 1.300 enmiendas. Contempla aspectos incluso antidemocráticos y anticonstitucionales. Por ejemplo, que decidan de manera asamblearia no ir a clase a partir de los 14 años. También elimina el concepto demanda social ya que será el Estado quien decidirá a qué colegio llevar a tu hijo. Se carga de hecho el concepto "patria potestad" para sustituirlo por derechos de la infancia. En diez años, los centros ordinarios deberán albergar a los 35.000 niños en centros de educación especial. Además, será el único país en el que su lengua propia no será considerada vehicular en la educación".
Pablo Ruz ha indicado que "la ley es un arma arrojadiza entre españoles que también consagra la desigualdad y la falta de equidad y justicia. No necesitamos leyes ideologizantes que politicen, Necesitamos leyes que respondan a los contenidos".
Está previsto que este jueves se apruebe la ley en el Congreso. "Pediremos en el Senado la comparecencia de técnicos de la comunidad educativa para intentar que la ley se enriquezca. Es muy preocupante, una ley que se planteado de forma exprés para diluir el debate. Nosotros no defendemos ningún modelo, sino los dos modelos, el dual, y la educación especial inclusiva que es la que funciona".
"El PP va a actuar como dique de contención de las intenciones liberticidas. Presentaremos recursos al TC, tanto al articulado como a la totalidad de la ley ya que es evidente que, al menos hay seis artículos que contiene numerosos aspectos antidemocráticos o flagrantemente anticonstitucionales como el artículo 109 sobre libertad de elección de los padres o la desaparición de la demanda social", ha zanjado.