El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha señalado este viernes que el gobierno de la ciudad, el ejecutivo local conocido como Govern del Rialto y formado por Compromís y PSPV, "lleva pagadas facturas en los cajones de 2019 por valor de más de 9 millones" de euros. Así, ha censurado, en un comunicado, que el gobierno municipal "sigue aprobando nuevos pagos extrajudiciales cada mes".
Los 'populares' han indicado que la Intervención municipal ha señalado que "este tipo de pagos constituye un procedimiento excepcional e irregular" que "podría llevar consigo la exigencia de responsabilidades". Han apuntado que hay "un paquete de facturas sin fiscalización que en lo que llevamos de año 2020 ya suma más de 9,3 millones de euros".
"Son facturas que se han ocultados en los cajones, en su mayoría son del ejercicio 2019. Los informes de Intervención siguen advirtiendo que es un pago excepcional e irregular", han insistido desde el PP, que ha lamentado que sea "una práctica habitual" del ejecutivo local.
A este respecto, la portavoz del grupo municipal del PP, María José Catalá, ha expuesto que el gobierno municipal "trae una nueva relación de expedientes extrajudiciales de crédito que sumados a los que trajeron al pleno pasado hacen un total de más de 9,3 millones de euros en apenas dos meses del año 2020" y ha reiterado que "son facturas que guardaron del año 2019".
"El gobierno --que preside el alcalde, Joan-- Ribó, sigue recurriendo a los expedientes extrajudiciales de crédito, cada vez con mayor frecuencia. Le da igual que todos los meses se repita en el hemiciclo y, lo más grave, le da igual que se lo reprochen, de forma reiterada, los servicios económicos" del Ayuntamiento" y que lo incluyan "en las recomendaciones de sus informes anuales", ha expuesto Catalá.
La responsable 'popular' ha considerado que "Ribó es muy poco responsable" al "ocultar 9,3 millones de euros de facturas de la 413 en el cierre del pasado ejercicio". "Resulta que han contabilizado en enero del presente año facturas por un importe de 8,2 millones de euros que deberían haberse incorporado al presupuesto de 2019, ya que corresponden a certificaciones y facturas de obras y servicios devengados en 2019", ha agregado.
Catalá ha manifestado que "los informes de la Intervención General del Ayuntamiento advierten de que este tipo de pagos es una incorrecta práctica" y ha insistido en que al ejecutivo local "le da igual y sigue recurriendo a esta figura administrativa de forma cada vez más frecuente".
"NO ES LÓGICO"
"Yo diría que se ha convertido en una práctica habitual para ustedes y no debería ser así", ha dicho a los dirigentes del Ayuntamiento. "Nosotros podríamos entender que en ocasiones se tenga que recurrir pero lo que no es lógico es que la cuantía pagada sin contrato sea tan alta", ha destacado María José Catalá."No es que lo digamos nosotros, es que el Informe de Control Financiero Permanente del Gasto que realiza la Intervención General de este Ayuntamiento dice textualmente que los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos no pueden ser considerados en ningún caso como una figura ordinaria o habitual para la tramitación y aprobación de gastos", ha agregado.
Catalá ha lamentado que esto "parece que no va con los concejales de Compromís y PSPV" y ha comentado que el informe del que se dio cuenta este año, "continua diciendo que los reconocimientos extrajudiciales de crédito constituyen un procedimiento excepcional e irregular, que no debería dar cobertura a la tramitación de gastos irregulares o con deficiencias en la tramitación y que podrían llevar consigo la exigencia de responsabilidades por la omisión de trámites esenciales de procedimiento y por el incumplimiento de la legislación presupuestaria".