El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Juego del Consell del Botànic, al considerar que "se olvida de la lucha contra la ludopatía, es un texto impuesto y sin diálogo con el sector y únicamente tiene un fin recaudatorio".
Así lo ha señalado el portavoz de Economía, Rubén Ibáñez, quien ha explicado que el GPP solicita la devolución al Consell de este texto, "que además es el mismo que ya presentaron la legislatura pasada y ni siquiera han incorporado nada de la multitud de enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios".
Al respecto, ha recordado que en aquella ocasión se llegó hasta el trámite de las enmiendas parciales en comisión, pero al terminar de forma anticipada la legislatura y disolverse Les Corts la Ley quedó paralizada.
Ibáñez ha lamentado que el proyecto de Ley no recoge de forma específica "cuestiones de absoluta trascendencia, como la distancia entre salones de juego, y a pesar de que se presupone que el espíritu de la norma es la protección frente a posibles conductas adictivas como la ludopatía no se aborda un programa de prevención, la protección de la salud y el consumo que ayude y proteja a quienes se ven atrapados por las apuestas".
En ese sentido, ha admitido que es "cierto" que la vigente Ley del juego data del año 1988 y debe tenerse en cuenta su adaptación al entorno normativo sobre el juego y apuestas, además de contemplar los cambios tecnológicos, pero ha señalado que desde que el GPP "no compartimos los principios y el espíritu que inspira esta iniciativa legislativa".
"Se ve claramente que el Consell carece de un criterio transversal para el sector en su conjunto y además se crea un marco legal que no garantiza el principio de seguridad jurídica", ha explicado.
SIN CONSENSO
Ibáñez ha señalado que el proyecto "contempla medidas que suponen una profunda planificación del sector, pero su inclusión no ha sido precedida del diálogo y consenso con los actores implicados". "Se constata una ausencia de diálogo e interés por la escucha activa por parte del Consell, imponiendo una norma que no refleja ni las necesidades y demandas sociales, ni las sectoriales", ha añadido."A todo ello hay que añadir que, no responde a las propias expectativas generadas en su propia exposición de motivos, en cuanto al juego responsable ya que supone un aumento desmesurado de la presión fiscal sobre el sector del juego y las apuestas, contemplando, de otro lado, una relajación del régimen sancionador sin argumentos ni análisis que la sustente", ha indicado.
En definitiva, ha señalado que la iniciativa legislativa cuya tramitación parlamentaria se inicia, supone un texto "impuesto" por el Consell, que "carece de una interlocución clara con los actores principales del sector afectado, elaborado de espaldas a las necesidades de la sociedad, que profundiza en la carga fiscal y no combate sus incumplimientos con un régimen sancionador coercitivo ni acorde a la tributación al alza prevista". Tal y como está presentado este proyecto de Ley la finalidad es únicamente recaudatoria", ha concluido.