- Ribó: ‘El mismo que ha presentado la denuncia está investigado por el caso Taula’
- El PPCV acude a los tribunales al detectar irregularidades en las subvenciones al valenciano de la Generalitat
‘El asesor del PP ha presentado una veintena de denuncias hasta ahora todas archivadas’. Con estas palabras, el Alcalde de Valencia, Joan Ribó, definía, a la salida del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, la táctica que ha adoptado el Partido Popular valenciano, quizá en un intento de desviar la atención de los diferentes casos de corrupción en los que varios miembros del partido están imputados. Sin ir más lejos, el asesor del PP, Luis Salom, responsable de llevar a Ribó ante el juez por presuntos delitos de prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, presuntamente, por negar al grupo popular valenciano la encuesta sobre la percepción del colectivo fallero, también está investigado por el caso Taula.
Sin embargo, las denuncias a diestro y siniestro del Partido Popular no están teniendo el efecto que esperaban. Y es que, de nuevo, la denuncia que interpusieron contra el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y la concejala de Deportes, Maite Girau, por un supuesto fraccionamiento de contratos de alquiler de cabinas sanitarias para las Fallas de 2017 ha sido desestimada por considerar que no existe ni un mínimo indicio de delito.
Un nuevo varapalo judicial para el PP, que no ha conseguido desprestigiar al Govern de la Nau. De hecho, desde el equipo de Gobierno ya se empiezan a tildar estas continuas idas y venidas del grupo popular valenciano al juzgado de ‘denuncias partidistas y con una clara voluntad política’.
À Punt, la nueva diana del PP
La recientemente estrenada televisión pública valenciana también se ha convertido en uno de los objetivos del Partido Popular, que ha interpuesto una denuncia contra À Punt, al considerar que se han emitido unas informaciones erróneas, que podrían dañar gravemente la imagen del partido. Así, y ante la ausencia de una rectificación, desde este grupo parlamentario se ha decidido dar luz verde a una nueva denuncia.Las informaciones que el PP considera que À Punt debería rectificar sería, por una parte, la relacionada con la gratuidad de la AP7 en 2020, en la que se señaló que el PP en Les Corts había votado en contra, y la relacionada con la Ley aprobada en 2015 para la recuperación del servicio público de radio y televisión autonómica al resaltar que el PP votó en contra, cuando, en realidad, se abstuvieron.
De esta manera, han informado que enviaron una carta a la directora del ente, Empar Marco, para pedirle que emitieran una rectificación en el plazo de tres días, tal y como marca la ley. Tras la ausencia de esta rectificación, se ha procedido a interponer la denuncia. En este sentido, han asegurado que ‘teníamos esperanzas en que À Punt comenzara con libertad e independencia, pero el primer día ya la habían vendido’.