La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige Héctor Illueca, prevé publicar a mediados de octubre un decreto ley para llevar a cabo una "transformación estructural" del mercado inmobiliario y "regular la actividad de los grandes propietarios de vivienda, de los fondos de inversión y los fondos buitre", en el que se incluirán medidas como las expropiaciones temporales del uso de viviendas deshabitadas y sanciones de hasta un millón de euros por "acoso inmobiliario".
El decreto ley recoge y amplía medidas que estaban contempladas en principio en el anteproyecto de Ley de regulación de la actividad de los grandes tenedores de vivienda y del acoso inmobiliario. Con esta fórmula, la Conselleria opta por una tramitación más urgente para hacer frente a la actual inflación, la escalada de los tipos de interés y las consecuencias de la crisis energética y la guerra en Ucrania, agilizando los plazos para que esta respuesta llegue antes a las familias. La tramitación del anteproyecto de ley decae con esta normativa.
En una entrevista a Europa Press, Héctor Illueca ha asegurado: "Vamos a ser implacables con los fondos de inversión, los fondos buitre, con los actores que se están dedicando a especular con la vivienda a costa del derecho social a una vivienda digna de muchísimas personas".
Illueca ha explicado que este decreto ley será uno de los pilares fundamentales de la hoja de ruta de la Conselleria para el nuevo curso político, que se centrará en dar "una respuesta" a una situación económica "que va a ser muy difícil para las personas y colectivos más vulnerables".
Respecto al decreto ley, Illueca ha defendido que "no puede haber mil casas vacías destinadas a fines especulativos mientras hay personas sin techo" y asegura que la norma "abordará con valentía esta realidad".
El decreto ley contemplará "la expropiación temporal del uso de viviendas que se encuentren deshabitadas de los grandes fondos de inversión, de los fondos buitre", ha explicado Illueca; además, "se va a introducir la obligación de ofrecer contratos de alquiler asequible a familias vulnerables" e incluirá "obligaciones en materia de registro, también de los fondos de inversión de grandes propietarios de vivienda para clarificar bien su intervención en el mercado inmobiliario".
Asimismo, incidirá en el "acoso inmobiliario" para "tipificar bien los comportamientos de acoso y establecer sanciones contundentes que pueden llegar a ser de hasta un millón de euros". Diferentes sanciones que pueden recaer en propietarios que realicen determinadas prácticas sobre sus inquilinos, independientemente de si son grandes tenedores.
La normativa busca evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad alquiladas en pisos de grandes propietarios, que deberán ofrecer un contrato asequible o una alternativa habitacional si hay una vulnerabilidad constatada.
Por otro lado, el vicepresidente ha explicado que la Conselleria seguirá ampliando el parque público y adquirirá 600 nuevas viviendas en lo que resta de legislatura, que se suma a las más de mil que se han incorporado.
UNA SEGUNDA FASE DE CESIÓN DE SOLARES PÚBLICOS
Por otro lado, el conseller ha explicado que se está trabajando en coordinación con ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para poner en marcha una segunda fase de cesión de solares públicos, esta vez de titularidad municipal, para la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible, que además estará "muy orientada hacia la juventud".
En una primera fase, Illueca y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, firmaron en mayo un acuerdo para, en colaboración público-privada, construir 1.090 viviendas en 17 parcelas propiedad de la Generalitat. El Ministerio financiará esta promoción con 50.220.500 euros procedentes de los fondos NextGenerationEU. La licitación de este concurso se publicará en octubre, ha detallado.
APROBACIÓN "EN BREVE" DE LA LEY DE BARRIOS
Illueca ha incidido en un segundo eje fundamental para el próximo curso político, que será "intentar revertir la degradación de los espacios urbanos" a través de la Ley de Barrios, que el Consell aprobará "en breve" y que "trata de afrontar una realidad dramática: más de un millón de valencianos y valencianas viven en zonas degradadas desde un punto de vista social, económico o residencial", ha lamentado. "Podríamos decir que el principal motivo de desigualdad social que existe en nuestro tiempo es el código postal", ha aseverado.
"Esta ley va a tratar de otorgar una financiación estable a la labor positiva que ya se está haciendo. Llevamos regenerados más de 20 barrios en todo nuestro territorio, una inversión superior a 70 millones de euros. Lo que hacemos ahora es regular bien este ámbito de intervención de la Administración, dotarlo de una financiación estable y tratar de revertir esos procesos de degradación", ha expuesto.
El vicepresidente segundo ha destacado un tercer eje en la acción de gobierno de la Conselleria para los próximos meses, que será la rehabilitación de vivienda con fines de eficiencia energética. "Vamos a hacer un esfuerzo presupuestario porque creemos que es fundamental, en términos de la transición ecológica --los edificios son responsables del 40% de emisiones de gases de efecto invernadero-- y también desde el punto de vista de la reactivación económica" y para combatir la pobreza energética.
ACUSA AL BCE DE "INDUCIR UNA RECESIÓN ECONÓMICA"
Con todos estos ingredientes, la Conselleria de Vivienda encara un escenario "muy complicado" y "lo que está siendo calificado por destacados economistas y organismos internacionales como una tormenta perfecta", ha lamentado Illueca.
Así, se ha mostrado crítico con las subida de tipos de interés por parte del BCE: "Están intentando dar un mensaje muy claro a las clases trabajadoras, el de combatir la inflación induciendo una recesión económica. Creo que el BCE ha tomado una decisión política que va en perjuicio de sectores vulnerables y beneficia exclusivamente a la banca, que ya está multiplicando sus beneficios gracias a la subida de tipos". Unas subidas que, advierte, incrementan los riesgos de crisis financiera de los países del sur de Europa.
Preguntado por cómo aliviará la Conselleria de Vivienda los gastos de las familias en el escenario de inflación, Héctor Illueca ha insistido en la aprobación de la Ley de la Vivienda. "Estamos pidiendo precisamente que se nos habilite para limitar el precio de los alquileres".
Además, ha hecho hincapié en que la Vicepresidencia está trabajando para "ampliar el parque público de vivienda, ofrecer alternativas, aprueba un decreto para moviliza viviendas vacías que están excluidas del mercado por parte de grandes propietarios y hemos sido la primera comunidad autónoma en tramitar el bono joven de alquiler. "Para mandar un mensaje claro a la gente joven de que estamos a su lado y vamos a tratar de ayudarles dentro de nuestras competencias".