La Generalitat Valenciana está estudiando las diferentes alternativas para abordar el problema del alojamiento ilegal de economía sumergida en el territorio, que, tal y como han reconocido desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años. La consellera Nuria Montes ha enfatizado que esta actividad ilegal tiene un impacto negativo en la sociedad, la economía y la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, motivo por el cual se van a centrar los esfuerzos del Consell en regularla.
Para combatir el alojamiento ilegal, la Generalitat implementará diversas medidas. En primer lugar, se actualizará el registro de vivienda regularizada, teniendo en cuenta la referencia catastral. También se movilizarán inspectores de la Conselleria para detectar viviendas ilegales que se comercializan en línea, principalmente a través de plataformas en internet. Además, se explorarán soluciones de inteligencia artificial para mantener una supervisión constante de las actividades ilegales de alojamiento.
La consellera ha enfatizado la voluntad de actuar con “consenso y cooperación”, pero también con “fuerza y firmeza”, para evitar que el alojamiento ilegal se convierta en una amenaza para el sector turístico de la Comunitat Valenciana.
Tasa turística
En cuanto a la derogación tasa turística, la consellera ha explicado que se trata de "una de las primeras medidas que vamos a adoptar". La tasa turística, que ha sido objeto de controversia, será derogada antes de su aplicación efectiva, prevista para el 1 de enero de 2024, cumpliendo, así, con un compromiso electoral del nuevo gobierno.
Para Montes, la tasa turística impulsada por el Botànic representa “la máxima expresión de la falta de consenso” y considera que pretendía implementarse “en un momento en el que la competencia en el sector turístico es intensa”.
Estas medidas reflejan el compromiso de la Generalitat de promover un turismo sostenible y regulado en la región, al tiempo que se abordan los desafíos derivados del crecimiento del alojamiento ilegal.